Chile, Costa Rica y Uruguay, en ese orden, nuevamente lideran el ranking de esta Dimensión (Ver Tabla 1.2).

Argentina, Panamá, y Bolivia completan el grupo que supera el promedio regional (5,307). Los restantes doce países se ubican por debajo del promedio.

En la comparación con el 2012, también observamos, en términos absolutos, que el mayor y el menor valor regional son similares en los dos años, y también se repiten los países que detentan el máximo y el mínimo: Chile y Honduras respectivamente.

Obviamente, nunca existe una satisfacción plena respecto del nivel del ejercicio de derechos y libertades del que disponemos, pero es grande el camino por transitar por la mayor parte de los países para aproximarse al nivel que ostentan Chile, Costa Rica y Uruguay, los tres países de mejor desempeño. El desafío de alcanzar mayores libertades y derechos para sus ciudadanos es un objetivo de enorme importancia para gran parte de la dirigencia política latinoamericana.

En la comparación con el año anterior, la mejor evolución interanual la presenta Venezuela, que mejora un 22%, seguido por República Dominicana, que lo hace en más del 17% y nuevamente México es uno de los países que se incluye en el grupo de países que avanzan en esta dimensión, que incrementa su índice en un 5%, casi alcanzando el mejor valor de su serie histórica, que había sido el obtenido en el 2003 (Gráfico 1.8). A pesar de este crecimiento, ninguno de estos tres países logra obtener un nivel de desarrollo democrático que los ubique por encima del promedio de la Región, en esta dimensión. Los tres países mejoran su ubicación en el ranking, principalmente República Dominicana, que logra ascender 5 lugares. En el caso de Venezuela, quien por cuarto año consecutivo mejora su puntuación en esta dimensión, no logra salir del grupo de países con bajo desarrollo democrático, aún siendo el valor obtenido en el IDD-Lat 2013 el mejor de su serie, desde el 2002 a la fecha.

Las caídas más importantes en la comparación con los valores de 2012 se observan en Perú y El Salvador. El resto de los retrocesos son más leves, como son los casos de Argentina, Costa Rica, Chile, Panamá y Uruguay.

 

Debemos destacar algunos datos importantes que aparecen en la medición de este año

1)    Es mayor la cantidad de países que han empeorado en esta dimensión con respecto al 2012. En la medición del año anterior fueron 5 los países que retrocedieron en la democracia de los ciudadanos; en cambio, este año son siete.

2)    El promedio 2013 de la dimensión es superior al del 2012 en un 1,9%, alcanzando los 5,307 puntos, aunque aún no se logra alcanzar el mejor promedio de la serie (2002-2013), que fue el obtenido en la medición del 2009.

 

1)    La mejora en el promedio de la Dimensión, es producto principalmente de avances en todos los indicadores, inclusive el que mide la inseguridad; con lo cual podemos destacar que es evidente que las dirigencias políticas de la Región han comenzado a incorporar esta cuestión en un lugar más relevante de la agenda pública.

 

 

 

 

Aunque la democracia se ha consolidado en América Latina, convive con un creciente descontento ciudadano derivado de la distancia entre las políticas implementadas y las expectativas ciudadanas. En este contexto, el recurso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) aparece como una herramienta capaz de incrementar la transparencia en el sector público, mejorar la comunicación entre ciudadanos y gobierno, y abrir nuevos canales y espacios de participación. Sin embargo, los procesos y resultados de la introducción de TIC en América Latina permanecen poco explorados.

Los sitios de internet construidos sobre el modelo de la “arquitectura de participación”, las redes sociales, los nuevos medios de comunicación, los boletines electrónicos (blogs), y los sitios donde se comparten videos ofrecen a los usuarios muchas opciones de interacción y variedad de datos. Por consiguiente, aparecen nuevas opciones de discusión, participación e interacción que pueden aportar opciones para el involucramiento ciudadano, la interacción con los dirigentes y el enriquecimiento del proceso de toma de decisiones, con la incorporación masiva de nuevos grupos demográficos de manera simultánea y con costos reducidos.

El modelo de comunicación vertical y unidireccional (los políticos hablan y los votantes los escuchan) puede reemplazarse ahora por un modelo más horizontal y multidireccional, en el que los votantes pueden participar activamente de los procesos políticos y electorales. De modo que surge un tiempo de enorme desafío para los dirigentes en cuanto a la apropiación de la tecnología como un instrumento eficaz para ampliar su interacción con la ciudadanía.

También ofrece, la tecnología una gama más amplia de nuevos instrumentos y herramientas, casi todos ellos valiosos y útiles para las instituciones que administran los procesos electorales, pero siempre en un nivel instrumental, sin constituir un fin en sí misma. Los fines permanecen idénticos a los que existían antes del acelerado cambio tecnológico: conseguir una mayor y mejor participación política y electoral, lograr una inclusión de sectores tradicionalmente marginados, garantizar una elección segura, confiable, transparente, convincente para los partidos y los ciudadanos, apuntalar las bases de la democracia. En la relación con la tecnología, los organismos electorales deben navegar entre la tentación de convertirla de un medio en un fin en sí misma y el rechazo a la tecnología en nombre de la voluntad de conservar las prácticas heredadas. Deben eludir de manera simultánea las tentaciones del elitismo y del paternalismo.

En los últimos años el voto electrónico es la nueva tendencia que está creciendo en América Latina, con el ánimo de buscar transparencia y mayor eficacia al momento de escrutar la decisión de los ciudadanos. Muchos países han hecho uso de su tecnología para mejorar el proceso del sufragio, buscando una mayor transparencia y seguridad al momento de votar.

Brasil fue el primer país latinoamericano en empezar a automatizar sus elecciones. En las elecciones del 7 de octubre de 2012, Venezuela se convirtió en el primer país del mundo en haber logrado automatizar en un 100% todas las fases del proceso electoral.

Su implementación puede contribuir a incrementar la confianza en los procesos electorales, pero el prestigio de los instrumentos no puede escindirse del grado de confiabilidad de las instituciones que los administran. Es indudable que una mayor intensidad tecnológica en el proceso electoral puede  proveer mayor y mejor información a partidos políticos y a ciudadanos. Consecuentemente, al reducirse el margen de error en el escrutinio de votos, se obtiene mejor información sobre el comportamiento de los electores y de los partidos. Puede ampliar también las facilidades para la emisión del sufragio.

Pero la tecnología no es la panacea, ni evita el fraude electoral; complejiza su realización, pero no lo inhibe.

No hay duda que el voto electrónico se volverá una realidad difundida en todo el mundo, pero su implementación debe ir acompañada de instituciones transparentes y confiables para que no resulte en la consolidación sofisticada de antiguas prácticas antidemocráticas.