En lo relativo a la Dimensión que analiza la calidad institucional y política de los países, en esta oportunidad Uruguay logra avanzar hasta superar a Costa Rica y Chile, quienes no sólo pierden lugares en la ubicación en el ranking, sino que retroceden en la puntuación, en el caso de Costa Rica en más del 3% y en el de Chile en más del 12%. (Ver Tabla 1.3).

El Salvador, Perú, Nicaragua y Panamá (este último pese a retroceder fuertemente respecto al año anterior) completan el conjunto de apenas siete países (un 39% del total) que logran superar el promedio regional en esta Dimensión del desarrollo democrático.

Por otro lado, se observa que son mayoría (61%) los países que se ubican por debajo de ese promedio.

El pronunciado déficit de calidad institucional y eficiencia política se hace evidente en las puntuaciones que logran la mayor parte de los países de la región. Nuevamente Uruguay, Costa Rica y Chile logran un valor destacable, pese a los retrocesos ya mencionados de los dos últimos.

Las caídas más notorias se observan en Paraguay (46%), que retrocede, tanto por los menores valores obtenidos en Accountability y Desestabilización de la democracia, como también por la aplicación del factor de anormalidad democrática, debido a la crisis institucional vivida en el 2012, que terminó con la destitución del Presidente Lugo; en Argentina (27%), que presenta retrocesos fundamentalmente en la variable de Accountability y porque también mantiene puntajes negativos en el resto de los indicadores y, por último, en Panamá (22%) producto de puntuaciones menores en los indicadores de Accountability y Desestabilización de la democracia.

En total son 13 los países que caen en esta dimensión con respecto al 2012. Los que completan este número son Colombia; Costa Rica; Chile; Ecuador; Guatemala, México y Perú; de ellos Chile y Ecuador son quienes lo hacen de manera más pronunciada, un 12 y 14% respectivamente.

En términos generales observamos que los retrocesos son producto de disminución en la puntuación en dos variables: Accountability y Desestabilización de la Democracia. De hecho el indicador que mide la Percepción de la Corrupción, que es otro de los componentes de la dimensión de calidad institucional, ha mostrado en todos los países, excepto Venezuela, un avance generalizado, producto del peso que la sociedad asigna a la cada vez mayor investigación periodística con su consecuente difusión ante la opinión pública y políticas de combate más efectivas, como en el caso de Brasil, donde se expone un umbral de tolerancia menor a prácticas corruptas que conllevan también un grado menor de impunidad.

Podemos destacar como aspectos significativos de la medición de esta dimensión para el 2013:

1)    Se observa un leve ascenso en el promedio regional, pero igualmente cercano al valor más bajo de la serie que había sido el obtenido en 2011. El promedio actual es de 4,652 puntos lejos del mejor recibido en el 2008 que había alcanzado los 5,271 puntos.

2)    Cinco países habían retrocedido en la medición del año anterior con respecto al 2011, en el IDD-Lat 2013, lo hacen trece países, lo que muestra un llamado de atención importante para las democracias de la región. Se alcanzó el mismo porcentaje de caídas que las observadas en el 2011, un 72%, pero los mejores resultados de los países que superan el promedio logran compensar esa caída en el promedio.

3)    La cantidad de países que superan el promedio regional es igual a la que logró ese rendimiento en el 2012.

4)    Lamentablemente hubo un país que fue castigado con el Factor de Anormalidad Democrático rompiendo la característica del año anterior, donde por primera vez ningún país había sido afectado. Paraguay es quien recibe esta punición, por la crisis institucional del 2012, que terminó con la destitución del Presidente Lugo por parte del Parlamento a través de un juicio político apresurado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados del IDD-Lat 2012 y 2013

 

Bolivia, Nicaragua y Venezuela son los países que logran importantes mejoras en esta dimensión, aunque sólo Nicaragua logra superar el promedio regional. Le siguen por su nivel de incremento, El Salvador, que ya había logrado avanzar en la medición anterior, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Honduras.

Los avances en estos países tuvieron distintos efectos, en el caso de Uruguay le permitió liderar el ranking de la dimensión por cuarta vez (2007, 2009, 2010 y 2013); en el caso de El Salvador le permitió subir dos lugares en el ranking general, alcanzando el cuarto lugar y siendo el segundo país de América Central que se sitúa en un lugar preponderante, después de Costa Rica. En el caso de Nicaragua su avance le permite superar el promedio regional, como lo mencionamos anteriormente, avanzando siete lugares en el ranking. Con respecto a Brasil,   Venezuela, Bolivia y Honduras todos ellos logran ubicarse en una mejor posición en el ranking, aunque siguen mostrando rezagos en esta dimensión. República Dominicana permanece en la misma ubicación en el ranking, en el lugar 14°, lo que significa que el avance realizado no le permite formar parte de los países con desarrollo democrático mediano en lo que respecta a la calidad de sus instituciones y de su sistema político. Venezuela persiste en su baja calidad institucional colocándose nuevamente en el último lugar.

“La corrupción es una lacra para el desarrollo, en términos de crecimiento económico y de consolidación democrática”, explicó Ana María Rodríguez, directora del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID. 

América Latina necesita convertirse en una región con transparencia en sus instituciones, gobiernos y sistemas políticos. Esa apuesta es clave para consolidar el crecimiento económico y el desarrollo democrático regional. Políticas y prácticas de transparencia implican garantizar el acceso de la información a los ciudadanos, favorecer su participación en los sistemas de gobierno y promover un mayor control por parte de la sociedad civil del ejercicio del poder y del cumplimiento de las obligaciones de sus autoridades. Esa estrategia debe incluir también la lucha contra la impunidad jurídica y la persecución del lavado de dinero, para lograr revertir una cultura organizacional y política que tiene demasiados ejemplos de corrupción.

Aunque se producen avances, según el Informe 2013 de Transparencia Internacional (TI), el crecimiento económico en países de América Latina no ha estado acompañado por una mejora en calidad institucional. La mayor parte de los países latinoamericanos continúan en la zona más baja del Índice de Percepción de la Corrupción 2012 (CPI), mientras que la región en conjunto mantiene una nota peor que el promedio global. "La corrupción afecta el buen funcionamiento de los programas sociales, influye en las elecciones, debilita la democracia, fomenta la violencia y permite operar al crimen organizado, manteniendo a la región como una de las más desiguales y violentas del mundo", resume TI.

De los 176 países calificados en una escala del cero (muy corrupto) al 100 (muy transparente), el latinoamericano mejor ubicado vuelve a ser Chile, que sube dos puestos desde el año anterior y ocupa el lugar 20 con una calificación de 72 puntos, justo detrás de Estados Unidos. En el mismo lugar y con el mismo puntaje figura Uruguay, que mejora cinco posiciones desde el informe anterior. En el extremo opuesto se encuentra Venezuela, entre los diez más corruptos del mundo al ocupar el lugar 165 con apenas 19 puntos.

La adopción de la transparencia como estrategia en la lucha contra la corrupción ha ganado una de las batallas más importantes, la de la opinión pública, pero aún quedan retos importantes como garantizar no sólo la cantidad de datos que se comparte, sino la calidad; evitar que se sobreprotejan documentos apelando a que se tata de información privilegiada. Sin embargo, el último informe del Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana, de la Universidad de Vanderbilt, concluye que los ciudadanos de América Latina están más preocupados por la economía y el empleo que por las malas prácticas de sus gobernantes. Además, cuando mejor es la situación a nivel económico más se toleran los comportamientos corruptos de los dirigentes políticos.

La necesidad de garantizar una política en contra de la opacidad que asegure el libre acceso de los ciudadanos a la información gubernamental está calando entre los mandatarios de América Latina. Con la reciente incorporación de Argentina, en noviembre de 2012, a la Alianza para el Gobierno Abierto, ya son 14 los Estados de la región que se han incorporado a esta iniciativa que incluye a 58 países y que fue impulsada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en septiembre de 2011. El Gobierno Abierto persigue transformar al Ejecutivo en un órgano más claro, más accesible y, por tanto, más responsable. No obstante, muchas veces, la firma de esos acuerdos no se traduce en prácticas concretas al interior de las administraciones.

El uso de las nuevas tecnologías brinda una gran oportunidad para garantizar la eficacia de los gobiernos abiertos. Facilitan el acceso y la transmisión de la información y la participación de los ciudadanos en los sistemas políticos. Las nuevas tecnologías son esenciales de cara a garantizar la transparencia. Brasil muestra una interesante experiencia en cuanto a la puesta en práctica de políticas de transparencia y de acceso a la información ciudadana. El Gobierno de Brasil tiene una página web en la que se ofrecen datos actualizados diariamente de las finanzas, las contrataciones, las transferencias de fondos a otras Administraciones e incluso los gastos detallados de las tarjetas de crédito de los ministros.

Avanzar en este camino es un buen reaseguro para el logro de sensibles mejoras en el desarrollo democrático con gobiernos y ciudadanos que desarrollen la cultura de la transparencia.