IDD-Lat 2015
I - Dimensión de Derechos Políticos y Libertades Civiles - Democracia de los ciudadanos

Tabla 1.3. América Latina (18 países). Puntaje obtenido en la dimensión I del IDD-Lat 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de IDD-Lat 2015.

País

Dimensión I 2015

Chile

8,449

Costa Rica

8,014

Uruguay

7,201

Argentina

6,896

Perú

6,416

Bolivia

6,087

Paraguay

6,063

Ecuador

6,040

Nicaragua

5,719

Brasil

5,637

R. Dominicana

5,537

Panamá

5,465

El Salvador

4,811

México

4,520

Guatemala

3,950

Honduras

3,110

Venezuela

3,037

Colombia

2,966

En la dimensión que mide el desarrollo democrático desde la óptica del ciudadano, o sea desde las condiciones para que ejerza sus derechos y libertades, se observa un incremento del promedio (10#%), que significa un quiebre en la curva descendente de los últimos dos años.

Uruguay, Costa Rica y Chile nuevamente lideran el ranking de esta dimensión, aunque han cambiado las posiciones (tabla 1.3). En esta oportunidad Chile es quien lidera la tabla, desplazando a Uruguay, que retrocede al tercer lugar siendo superado también por Costa Rica, que repite la segunda posición de los dos años anteriores.

Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Nicaragua y Brasil completan el grupo que supera el promedio regional (5,551). Los restantes ocho países se ubican por debajo del promedio. Es importante destacar que en el 2014, un país menos había logrado superar el promedio de esta dimensión.

También se observa, en términos absolutos, que el mayor y el menor valor regional, son mayores que sus equivalentes de 2014. El valor más bajo del ranking, en esta edición es obtenido por Colombia con 2,966 puntos, más alto que el peor valor del 2014 obtenido por Guatemala, con 1,985 puntos. El valor máximo en el 2014 lo obtuvo Uruguay con 8,000 puntos mientras en el IDD-Lat 2015 lo logra Chile con 8,449 puntos. Cuestiones que explican el aumento del promedio regional de esta dimensión con respecto al 2014. Debemos destacar que el promedio alcanza su mejor valor en la región desde 2002 a la fecha.

Obviamente, nunca existe una satisfacción plena respecto del nivel del ejercicio de derechos y libertades del que disponemos, y aún es grande el camino a transitar por la mayor parte de los países para aproximarse al nivel que ostentan Chile, Costa Rica y Uruguay, los tres países de mejor desempeño. La importancia de la tarea y el desarrollo de políticas para alcanzar mayores libertades y derechos para sus ciudadanos es entonces un enorme desafío para gran parte de la dirigencia política latinoamericana.

En la comparación con el año anterior, la mejor evolución interanual la presenta Guatemala, seguido por Honduras, que ocupaban el fondo de la tabla el año anterior. Algunos países obtienen en esta edición sus mejores puntuaciones históricas. Ellos son Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana. Casi todos ellos logran superar el promedio de la dimensión, salvo Panamá por escasas centésimas y Guatemala, que queda aún muy rezagada (gráfico 1.17).

Chile, Perú, Paraguay, República Dominicana, Guatemala y Honduras son los países que mejoran su ubicación en el ranking. En particular, destaca Paraguay que logra ascender cinco lugares.

Por otro lado, El Salvador es el país que más fuertemente ha retrocedido, perdiendo tres lugares. Los restantes retrocesos son más leves, como en los casos de Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Colombia y Venezuela, que caen en el ranking incluso a pesar que algunos de ellos mejoran levemente sus puntuaciones.

Variación del índice de derechos y libertades

Gráfico 1.17
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del IDD-Lat 2014 y 2015.

Algunos aspectos destacados de la medición de este año son:

1. Casi la totalidad de los países presentan avances en esta dimensión con respecto al 2014, salvo tres excepciones, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Recordemos que en el informe anterior habían sido nueve los países que habían obtenido descendido en su puntuación con respecto al 2013.

2. El promedio del 2015 (5,551 puntos) es superior en un 10#% al anterior, y se convierte en el mejor valor de la serie.

3. El avance del promedio de la dimensión es producto principalmente del ascenso de los indicadores que miden la participación de género y la inseguridad, mientras que los restantes indicadores no muestran avances generalizados .

4. El valor más alto (Chile) y el valor más bajo (Colombia) son más altos que los presentados en el 2014 por Uruguay y Guatemala.

Democracia de los ciudadanos

Fortalezas

Debilidades

  • Ningún país retrocede en el puntaje de respeto de los derechos políticos y libertades civiles.
  • La participación política de la mujer ha mejorado en la Región, en promedio, en los tres poderes del estado.
  • Los países aparecen estancados, sin mejoras significativas en los indicadores de respeto de los derechos políticos y libertades civiles.
  • Once países de los dieciocho analizados no respetan su sistema de cuota de género en el Poder Legislativo.
  • Muchos países mantienen altos viveles de violencia y tasa de homicidios.

Ni una menos

La palabra feminicidio fue incorporada recién en la 23ª edición del Diccionario de la Real Academia Española, estrenado en octubre de 2014 con un significado restringido. No fue tenida en cuenta la relevancia social del concepto ni se reconoció que el peso lingüístico de lo que significa feminicidio recae sobre el término género, cuya acepción proveniente de la academia, feminista la RAE se niega a aceptar. Forma parte del código penal de 16 países de la región. Según el Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio de México, este crimen consiste en el asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres: por misoginia y por sexismo de hombres que sienten que son superiores y que tienen derecho de terminar con sus vidas.

Todavía no hay cifras uniformes, tampoco hay una manera acordada de referirse el tema en la región y se habla de "feminicidio", "femicidio", "muertes por machismo" y "asesinatos de mujeres". En la mayoría de los países las cifras son caóticas: los organismos -algunos oficiales y otros no gubernamentales- que las publican toman como referencia diferentes períodos y distintas localidades, y nunca son números confiables según denuncias las organizaciones de mujeres.

Los asesinatos de mujeres en América Latina y su impacto social han generado la necesidad de impulsar leyes para evitarlos, pero el número de crímenes de género sigue siendo alto. Además, escasean las estadísticas oficiales, se contabilizan de manera dispar y los sistemas judiciales suelen ser lentos cuando hay que procesar a un hombre por este delito.

Un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre femicidio en 2014 señala que 88 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas en Colombia; 83 en Perú; 71 en República Dominicana; 46 en El Salvador; 25 en Uruguay; 20 en Paraguay, y 17 en Guatemala. Ecuador contó sólo 97 femicidios que corresponden a 54% de las mujeres que sufrieron muertes violentas (179), pese a que castiga ese delito con 22 a 26 años de cárcel. En Costa Rica la tendencia es a la baja, pero hubo 27 casos de femicidios en 2014 a pesar que se pena con entre 20 y 35 años de prisión este delito.

11 países de la región han tipificado el feminicidio dentro de sus marcos legales, Perú, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. En tanto, en Argentina, Colombia y Venezuela han constituido una forma agravada para este tipo de homicidios. No obstante, la CEPAL advierte que los cambios normativos en estos países no bastan, pues no se aplican políticas públicas eficaces. Además, indica que los mismos no cuentan con instituciones capaces de asegurar la efectiva aplicación de las leyes.

"Las normas se concentran en el castigo de los agresores sin atender los distintos factores que inciden en la violencia contra las mujeres, entre ellos la desigual distribución del trabajo, en especial del doméstico no remunerado", refiere el informe anual. Así, el documento alerta que es la desigualdad económica, social y cultural hacia la mujer la que ha generado que la región reporte elevadas tasas de feminicidios.

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