IDD-Lat 2015
II - Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política

Tabla 1.4. América Latina (18 países). Puntaje obtenido en la dimensión II del IDD-Lat 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de IDD-Lat 2015.

País

Dimensión II 2015

Uruguay

9,485

Costa Rica

7,568

El Salvador

5,986

Panamá

5,780

Chile

5,339

Honduras

4,580

R. Dominicana

3,634

Colombia

3,570

Guatemala

3,482

Perú

3,424

Bolivia

3,378

Argentina

3,282

Paraguay

2,963

México

2,557

Nicaragua

2,557

Brasil

2,523

Ecuador

2,500

Venezuela

1,475

En lo relativo a la dimensión que analiza la calidad institucional y política de los países, en esta oportunidad Uruguay logra mantener por tercera vez consecutiva su liderazgo, aunque no mejora su puntuación, que retrocede un 1#% con respecto al valor obtenido en el 2014. Costa Rica mejora su posición, pasando del tercer al segundo lugar, producto de un avance en su puntaje en más del 13#% con respecto al 2014 (tabla 1.4). En cambio El Salvador, pierde una ubicación por un descenso de su puntuación de más del 13#%. Este año son seis los países que superan el promedio de la dimensión, de 4,116 puntos -valor un 4#% más alto que el del 2014, que había sido de 3,942 puntos-, y ellos son Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Chile y Honduras; en cuanto a cantidad el 2015 presenta un país más que el 2014. Por el contrario, 12 países, el 66#%, se ubica por debajo del valor promedio regional.

El pronunciado déficit de calidad institucional y eficiencia política se hace evidente en las puntuaciones que logran la mayor parte de los países de la región. Solo ocho países mejoran su propia puntuación con respecto al año anterior y ellos son Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Las caídas más notorias se observan en: México(32#%), que retrocede por los menores valores obtenidos en accountability y desestabilización de la democracia, a pesar que sale del castigo del Factor de Anormalidad democrática; en Venezuela (24#%) que presenta retrocesos fundamentalmente en las variables de participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y desestabilización de la democracia, como así también porque recibe la aplicación del factor de anormalidad democrática, debido a la crisis institucional vivida en el 2014; y por último en Nicaragua (17#%), que a pesar que ha salido del castigo producto del Factor de Anormalidad Democrática, presenta peores resultados en los indicadores de participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y Accountability.

En total diez países caen en esta dimensión con respecto al 2014, es decir dos menos que en la edición anterior. Aparte de los ya mencionados por la magnitud de su caída, completan este cuadro Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. Entre ellos, Ecuador y Perú son los que descienden de manera más pronunciada (14#%).

Las tres variables de mayor incidencia en la caída generalizada son: participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo, accountability y desestabilización de la democracia. Un dato importante es que sólo se aplica el factor de corrección por crisis institucionales en Venezuela.

Podemos destacar como aspectos significativos de la medición de esta dimensión para el 2015:

- Se observa un ascenso en el promedio regional, logrando superar el valor del 2014, que había sido el peor valor de la serie. Aún el promedio 2015, con 4,116 puntos, está muy lejos del mejor promedio que fue el obtenido en el 2008 con 5,279 puntos.

- Disminuye la cantidad de países que retroceden en la dimensión. En el 2014 habían sido doce y en esta edición son diez, aunque nuevamente reiteramos que este resultado no se acerca a comportamientos más positivos que había logrado la región, cuando, por ejemplo, en el 2012 sólo cinco países habían mostrado descensos en sus puntuaciones.

- La cantidad de países que superan el promedio regional es mayor a la que logró ese rendimiento en el 2014.

- En el 2015 sólo un país ha sido castigado con el factor de anormalidad democrática, Venezuela, superando el peor escenario que fue el del 2014 cuando seis países habían atravesados crisis de distinta envergadura institucional, por lo cual habían sufrido una disminución de su puntuación.

- Uruguay, Costa Rica y Chile habían sido los países que históricamente se alternaban en los tres primeros lugares, pero en los dos últimos años El Salvador ha desplazado a Chile de la terna.

- En el 2015, de acuerdo a los datos de Transparencia Internacional, casi todos los países de la región han mejorado su valoración en el índice de Corrupción

- La gran asignatura pendiente de los 18 países analizados sigue siendo lograr un desarrollo democrático en las variables de accountability y reducir la insatisfacción de vastos sectores sociales que no logren su incorporación plena al ejercicio de la democracia.

Evolución de la dimensión calidad institucional y eficiencia política

Gráfico 1.18
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD-Lat 2014 y 2015.

Panamá y Bolivia son los países que logran importantes mejoras en esta dimensión. Le siguen en volumen de incremento, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Argentina, Brasil y Chile. En el caso de Brasil su leve mejora no le permite alcanzar el promedio regional y se ubica en torno a los 2,500 puntos, que lo ubica en el grupo de países de mínimo desarrollo.

Los avances en estos países tuvieron distintos efectos. En el caso de Panamá le permitió volver a estar entre los países con mejores resultados; situación que había perdido desde el 2011 y principalmente en el 2014, y, por otro lado, mejorar significativamente su ubicación en el ranking. En el caso de Bolivia le permite subir de categoría, de un país con mínimo desarrollo democrático a un país con bajo desarrollo democrático y subir seis escalones en el ranking general, alcanzando el undécimo lugar. Bolivia sólo en el 2005 logró pertenecer al conjunto de países con desarrollo democrático medio, status que en toda la serie alternó entre los dos más bajos.

El avance de República Dominicana le permite ubicarse siete lugares más arriba que en el 2014, y pasar este país, también, de un grado de mínimo desarrollo democrático a uno de bajo desarrollo. El incremento de Honduras le permite alcanzar el promedio regional, situación que había perdido en el 2014, siendo un país, que a lo largo de la serie, lo había logrado mayoritariamente, y mejorar dos posiciones en el ranking. Costa Rica sube una posición, y se coloca en esta dimensión como un país con alto desarrollo democrático, logrando junto a Uruguay integrar el conjunto de los dos únicos países de la región que logran este nivel.

Argentina presenta una variación positiva tan leve, que no le permite mejorar su ubicación en el ranking regional, por el contrario desciende una posición y sigue siendo considerado un país con bajo desarrollo democrático.

Por último los avances de Brasil y Chile son menores. En el caso del primero lo mantiene en la misma ubicación en el ranking (16°) y en el mismo nivel de mínimo desarrollo democrático; y en el caso de Chile pierde un lugar pasando de la cuarta a la quinta ubicación y presentando un desarrollo democrático medio, nivel al que había descendido en el año 2014, perdiendo su condición de liderazgo a lo largo de los años en lo que a esta dimensión se refiere.

Democracia de las Instituciones

Fortalezas

Debilidades

  • En América Latina, aun con zozobras institucionales, prevalece la democracia.
  • Ha crecido la cantidad de países con desarrollo democrático medio.
  • Solo dos países integran el grupo de alto desarrollo democrático.
  • La cantidad de países del grupo de desarrollo democrático mínimo se ha estancado en seis. Tres de ellos repiten esta característica a lo largo de los años: Brasil, Bolivia y Venezuela.

Te quedas o te vas?

En el argot político se denominan tránsfugas a quienes han obtenido un puesto de elección popular con el apoyo a sus candidaturas por un determinado partido político y, una vez ganada la elección, durante el desempeño de sus funciones, renuncian a la filiación del partido político que los respaldó para trasladarse con su cargo a otro partido o crear uno propio.

El Diccionario de la Real Academia Española, lo define como la actitud y comportamiento de aquel que, especialmente en la vida política, se pasa de una ideología o colectividad a otra. También refiere a la persona con cargo público que no abandona éste al separarse del partido que lo postuló como candidato.

La expresión "transfuguismo político" más que un concepto especializado acuñado por las ciencias sociales para referirse al fenómeno del paso o el tránsito inmoderado de actores políticos de un partido a otro por razones pragmáticas o por convenir a sus intereses, es un adjetivo que suele emplearse popularmente para señalar y descalificar a ese tipo de políticos por carecer de principios y valores sólidos y moverse oportunistamente de un partido a otro. En ese ámbito de referencia más popular que científico, al transfuguismo político también se le conoce como "malabarismo político" o "trapecismo político", expresiones igualmente sarcásticas para referirse a una práctica mal vista socialmente, aunque cada vez más frecuente entre los políticos profesionales.

Desde esta perspectiva, el transfuguismo tiene elementos de oportunismo y pragmatismo nacidos de un cálculo individual del tránsfuga, según el cual podrá mejorar su estatus, sus privilegios, sus intereses, sus posiciones; un acto donde los principios o la congruencia ideológica pasan a segundo plano.

Entre los efectos perversos del transfuguismo político se pueden encontrar el descrédito de la elite política, abstencionismo electoral, baja aceptación de la ciudadanía en las instituciones políticas.

En América Latina de 18 países sólo en cinco de ellos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Panamá) establecen en sus normas mecanismos de control del transfuguismo parlamentario, en México, la reforma electoral de 2014, que permite la reelección consecutiva de legisladores federales, estatales y autoridades municipales, se establece como condición para la reelección, el que tendrán que ser postulados a la misma por los propios partidos que lo hicieron en la precedente ocasión, bien sea individualmente o en coalición, y que no renuncien o hayan perdido su militancia en el mismo partido antes de la mitad del mandato respectivo (artículo 59; 115 fracción I y 116 fracción II de la Constitución Política). Esta limitación constitucional es una manifestación del control que busca mantener a los partidos sobre sus representantes.

En El Salvador, en octubre de 2014, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la creación en 2013 de una bancada de tránsfugas y prohibió que los diputados abandonen los partidos políticos bajo cuya bandera fueron elegidos. Además, el fallo prohibió que los diputados que sean expulsados o abandonen sus partidos se sumen a otro colectivo o formen uno nuevo en la Asamblea Legislativa, sea partido o bancada. El transfuguismo y la simple disidencia del voto, voluntario o instigado por otros partidos y hasta por el Gobierno de turno, muchas veces son claves para definir el control del Parlamento, lograr la aprobación de leyes o la elección de altos cargos. En las últimas décadas los dos principales partidos salvadoreños, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (hoy en el poder) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se han beneficiado del transfuguismo o la disidencia.

En el centro de la discusión se encuentra el tema de la titularidad de los escaños. Para algunos juristas, la titularidad de un cargo público representativo constituye una habilitación normativa para la expresión de la representación conferida por los electores, con lo que los representantes no son los dueños de esa representatividad sino, más bien, un instrumento al servicio de su realización. En virtud de ello, la pretensión de asegurar al máximo la fidelidad partidaria sería una exigencia consustancial al sistema representativo democrático. Quienes se oponen al transfuguismo señalan que este comportamiento ocasiona una modificación en la legitimidad otorgada por los electores.

En sentido contrario, otra interpretación jurídica ha señalado que, una vez electo, un individuo es dueño de su escaño y, por consiguiente, puede elecciones, sin que ello signifique un falseamiento del proceso de expresión real de la voluntad popular. Tal es la interpretación del Tribunal Constitucional de España, que provee cobertura jurídica al transfuguismo, por lo que este comportamiento aparece como jurídicamente inatacable, aunque comporte una connotación moral negativa.

Todos los autores coinciden en los prejuicios que tal fenómeno comporta en la vida política, siendo el más importante el hecho de que el transfuguismo "falsea la representación política", esto es, que constituye una especie de estafa política al ciudadano, que ve modificada la expresión de su voluntad. Por otra parte, supone el debilitamiento del sistema de partidos, puesto que la correlación de fuerzas resultantes de las elecciones sufre modificaciones que afectan a los demás elementos del sistema y posibilita la generalización de la corrupción favoreciendo a su vez el proceso de debilitamiento de la elite política ante la ciudadanía.

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