| IDD-Lat 2010 |
| Justicia y Desarrollo Democrático |
|
¿Quién mató al Comendador?
Fuenteovejuna, Señor
¿Quién es Fuenteovejuna?
Todo el pueblo, Señor
“Fuenteovejuna” - Lope de Vega [I]
Las condiciones de entorno
El Poder Judicial es un pilar básico de la institucionalidad democrática. Es su accionar el que permite reequilibrar los naturales desbalances que producen la propia naturaleza humana con sus yerros, falencias y vicios y la inequitativa distribución de poder existente en toda sociedad.
El Poder Judicial es partícipe del poder político del Estado. Por lo tanto, los jueces y magistrados hacen política, naturalmente entendida ésta como la capacidad de incidir en la vida pública de un país, y no como una actividad partidista.
El diseño de los mecanismos republicanos en los que participa activamente la Justicia, de nada sirven si no se garantiza un sistema de pesos y contrapesos que regulen las relaciones entre los ciudadanos y, entre estos y el poder. En las sociedades modernas esta responsabilidad recae sobre el poder judicial, el cual se encarga de velar por el cuidado de los límites de la acción privada y pública.
Por otra parte, en el ámbito de la democracia, la Justicia tiene un valor trascendente para quienes resultan alcanzados por las acciones y procesos judiciales, sea como actores del delito, sea como damnificados de los mismos, ya que el castigo real que el sistema judicial impone al crimen, marca los límites concretos que una sociedad determinada, en una coyuntura histórica definida, está dispuesta a tolerar.
Sin embargo, ese accionar de la Justicia no se da en un entorno de pureza como el que la teoría enseña en los manuales de diseño del sistema republicano, según el cual los jueces y todos los actores del sistema judicial, incluidos los sujetos juzgados, debieran actuar de modo transparente e inocente.
A su vez, la actuación de los jueces en su tarea de impartir justicia está condicionada tanto por el marco legal al que deben atenerse, como por la ética social que caracteriza a la comunidad en la que se desempeñan así como también por los propios valores morales de las personas que ejercen la magistratura.
En América Latina, el marco legal es habitualmente inestable y en muchas oportunidades resulta contradictorio, como producto de los cambios institucionales y políticos que dominan el escenario de su redemocratización.
También la ética social resulta cambiante. Como ejemplo extremo, y en muchos países, hemos visto entronizar temporalmente a sus máximos dirigentes para luego defenestrarlos política y socialmente. Alberto Fujimori en Perú, Fernando Collor de Melo en Brasil, Carlos Menem y Fernando De la Rúa en Argentina, Abdalá Bucaram en Ecuador, Gonzalo Sánchez Losada en Bolivia, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Carlos Salinas de Gortari en México, Juan Carlos Wasmosy en Paraguay, Arnoldo Alemán en Nicaragua, Alfonso Portillo en Guatemala, entre otros dirigentes latinoamericanos junto a muchos de los líderes militares que detentaron poderes dictatoriales en la región, dan cuenta de los vaivenes de la ética social latinoamericana.
A su vez, los modos en que se combinan democracia y justicia en cada país ofrecen diferentes escenarios. Puesto que justicia y democracia obedecen a principios distintos, ocurre que en el ejercicio de la democracia pueden cometerse –y de hecho se cometen- injusticias. Y en regímenes no genuinamente democráticos puede practicarse -y en casos concretos se hace- la justicia. Esta distinción entre el principio democrático y el de la justicia está en la base de la división de poderes que se proclama en nuestras sociedades.
Una buena democracia no asegura una justicia eficiente, ni tampoco funciona la ecuación inversa. Sin embargo, es impensable que una sociedad que funciona democráticamente pueda convivir por largo tiempo con una justicia viciada o, por el contrario que una justicia virtuosa permanezca en el tiempo en sociedades autoritarias o en un clima de dictadura.
Un entorno democrático, con ejercicio de los derechos ciudadanos, implica que los miembros de cada comunidad, por el simple hecho de ser personas integrantes de una sociedad libre, deben ser sujetos activos en la definición de la arquitectura política de su convivencia local y nacional, y deben ser también, y al mismo tiempo, responsables de sus actos, respondiendo por ellos ante la justicia.
En muchos de los países de nuestra región se ha desarrollado una cultura política en la que la democracia es casi exclusivamente una forma de elegir gobernantes, sin otro vestigio republicano que una formal división de poderes que se diluye en la práctica diaria del poder. La realidad institucional no respeta los principios republicanos sino que más bien responde a un ejercicio de conducción del Estado y de sus instituciones sin controles ni rendición de cuentas. Ese comportamiento sólo puede desarrollarse en un escenario en el que el Poder Judicial sea sometido y se vuelva dependiente de otros poderes y donde no se controlen ni castiguen los excesos ni sus eventuales correlatos de corrupción, ni tampoco el avasallamiento de derechos y libertades ciudadanos.
Las sociedades, y sobre todo sus dirigentes, no encuentran –o no quieren encontrar- el camino para escapar de la tentación totalitaria. La urgencia de las soluciones requeridas y la demanda social facilitan la adopción de “atajos”, que evitan el uso de los instrumentos de la democracia y de la justicia y profundizan los déficits y falencias del sistema democrático y las injusticias.
La dirigencia política tiene la enorme responsabilidad de resolver la falta de libertades con fórmulas de libertad y la existencia de injusticias con justicia. Lamentablemente elude este rol protagónico que debe cumplir.
El reto, en esta etapa del desarrollo democrático regional, consiste en enfrentar esta situación combinando Democracia y Justicia, o sea: luchar con las armas e instrumentos de la democracia contra quienes impiden o dificultan su ejercicio y combatir todas las injusticias con justicia.
No se puede justificar de ninguna manera la resolución de conflictos destruyendo instituciones o evitando el camino virtuoso de la democracia. Sólo persiguiendo en el marco de la ley a quienes delinquen o han delinquido y, particularmente a quienes abusan de las instituciones se construye democracia y se mejora la justicia.
Planos de abordaje de la realidad latinoamericana
Con la medición del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina hemos obtenido información que nos permite analizar la compleja relación entre Democracia y Justicia.
Pero su abordaje debe hacerse cuidadosamente ante la ausencia de indicadores que permitan medir la complejidad del funcionamiento de la Justicia en cada uno de los países y de su proyección latinoamericana. Por ello dividimos el análisis en varios planos fundamentales de la interrelación entre democracia y justicia.
Instituciones y Dirigentes
Un primer abordaje en este análisis tiene que ver con el funcionamiento intrínseco de las instituciones y está referido a la percepción de la corrupción.
Al medir el comportamiento regional, en el período 2002-2010 (Gráfico 4.1), se observa claramente que el promedio regional del puntaje de Percepción de la Corrupción a nivel regional sólo ha superado los 4 puntos [II] en los años 2002, 2003 y 2007.
En el resto de los años analizados, el puntaje se ha mantenido en alrededor de los tres puntos e, incluso, en el año 2008 estuvo por debajo de ese nivel. Esto implica que, de los 18 países evaluados, un número muy pequeño supera los cinco puntos y la gran mayoría obtiene puntuaciones muy bajas, lo que lleva el promedio regional a un valor de virtual aplazo en un tema que muestra claramente la intersección entre democracia, instituciones y justicia.
 En lo relativo a la evolución de los países a nivel individual, en la serie analizada, Chile resultó el país de menor percepción de corrupción en todo el período 2003-2010.
El peor escenario en materia de corrupción a lo largo de estos años, siempre de acuerdo a los indicadores del IDD-Lat, fue el siguiente: en el período 2002-2006 Paraguay fue el país que tuvo el puntaje más bajo en el indicador de Corrupción, así como en el 2007 lo fueron Venezuela y Ecuador. Desde el 2008 a la actualidad, Venezuela es considerado el país cuya dirigencia es la más corrupta de la Región
El análisis de estos indicadores y sus valores nos señala que las sociedades de los países de la región se evalúan a sí mismas como mayoritariamente corruptas, denunciando, por un lado, a sus elites políticas y empresarias, como capaces de aplicar parcialmente la legislación vigente en búsqueda de un beneficio personal y por el otro, a sus sistemas judiciales por su incapacidad para cumplir su rol juzgando con severidad estos actos.
 El concepto “roba pero hace” se ha impuesto para calificar a gobernantes supuestamente eficaces en la administración del Estado. Como contrapartida y en demérito de la democracia, en diversos sectores sociales hay grupos que añoran el autoritarismo y la moralina que caracterizaban a los gobiernos de facto del pasado como ejemplo de honestidad, confundiendo esa virtud republicana con la ausencia de información y derechos que caracterizó a esos regímenes.El funcionamiento de la democracia no ha logrado romper el círculo vicioso que se da entre funcionarios y empresarios corruptos junto a una Justicia complaciente, en muchos países. Esa situación impacta fuertemente en todas las dimensiones del desarrollo democrático ya que afecta derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía; corroe las bases de las instituciones republicanas y del sistema político; y frena el desarrollo económico y social necesario para revertir las situaciones de inequidad existentes.
Si bien hubo avances en varios países en relación con el juzgamiento y sanción de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos registrados en décadas pasadas, cuestión esencial para la consolidación democrática, no se observa el mismo empeño y eficacia en la resolución de casos de corrupción que involucran a gobiernos y funcionarios actuales y recientes, lo que promueve la sensación de impunidad para los funcionarios y vulnerabilidad y abandono para los ciudadanos.
Es el Estado, con un funcionamiento transparente, la única esperanza para vastos sectores sociales excluidos . de la vida social, política y económica. Y es la Justicia la única institución con capacidad para romper ese círculo vicioso mediante la aplicación irrestricta de la Ley, con severidad, en todos los casos en los que los recursos públicos se ven afectados por actos de corrupción.
Derechos, libertades y seguridad
Otro ángulo de análisis, que no está centrado en el desempeño institucional -como es el caso de la corrupción- sino más bien en los comportamientos sociales, surge del estudio de la relación existente entre los derechos políticos, las libertades civiles y la afectación de los mismos por inseguridad.
En nuestro índice, se miden en la Dimensión II un conjunto de indicadores que evalúan la democracia según el ejercicio ciudadano de derechos y libertades, tiene un fuerte impacto en la valoración del pleno ejercicio de derechos y libertades, el clima de inseguridad que, inevitablemente, afecta la práctica de los mismos.
 En el gráfico 4.2 se observa que el promedio regional en la puntuación del indicador de derechos políticos se ubica en torno a los cinco puntos. Un poco por debajo se ubica el promedio de libertades civiles, en tanto que el indicador promedio de inseguridad (que se mide en el IDD-Lat desde el año 2004) se ubica en una puntuación muy inferior para toda la región. O sea que si el ejercicio de libertades y derechos logra escasamente orillar un promedio razonable, la inseguridad –que afecta aquel ejercicio- presenta niveles alarmantes en la mayoría de los países de la región.
Durante la serie analizada, se observa que Costa Rica, Chile, Panamá y Uruguay han obtenido los mejores puntajes en el indicador que mide el ejercicio de Derechos Políticos.
Costa Rica, Chile y Uruguay, los líderes del desarrollo democrático regional, son también los de mejor performance en el indicador que evalúa Libertades Civiles.
A su vez, Chile sobresale como el país en el que la inseguridad ha impactado en menor medida sobre derechos y libertades. En cada uno de los siete años de la medición[II] (2004-2010), alcanza el mejor puntaje en este indicador.
La lista de países de peor comportamiento regional en el indicador de Derechos Políticos durante el período de nuestra medición es lamentablemente larga: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela se han alternado en el logro de las puntuaciones más bajas.
Exactamente los mismos países destacan negativamente en el indicador de Libertades Civiles: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.
En tanto que, en los dos primeros años de medición fue Colombia el país con el peor puntaje de inseguridad y, en los años siguientes 2006 en adelante, El Salvador y Honduras se alternaron en la obtención de los peores indicadores en la materia.
Como indica el informe de Amnistía Internacional sobre la región[III] ”En las comunidades pobres de Latinoamérica y el Caribe, la violencia de las bandas de delincuentes y los métodos corruptos, represivos y discriminatorios empleados por la policía afectaban a millones de personas. Al mismo tiempo, los miembros de las fuerzas de seguridad, en especial los de la policía, se veían obligados a trabajar en unas condiciones que, a menudo, ponían en peligro su vida”, denotando tanto la gravedad del problema como la escasez de recursos humanos y materiales destinados para resolverlo.
Relación Empleo, Pobreza y Seguridad
A los conocidos problemas de la “Macrojusticia” y a su escasa calidad institucional se suman los problemas de la “Microjusticia”.
Buena parte de la dirigencia política latinoamericana explica, y a veces justifica, el fenómeno de violencia e inseguridad que se observa en la región a partir de la notoria inequidad y de los enormes bolsones de exclusión que se observa en los países latinoamericanos. Ambas cuestiones resultan objetivamente comprobables en la mayoría de los países.
Se sostiene habitualmente que sólo el logro de niveles de empleo estable puede revertir una situación que está signada por la existencia de enormes bolsones de desocupación, ya que se entiende que un mejor nivel de empleo en la sociedad disminuye la “oferta de mano de obra” para la delincuencia.
Del mismo modo y con idénticos argumentos se afirma que la disminución de la pobreza traerá aparejada una disminución de los casos de inseguridad.
Esa convicción de muchos sectores parece anteponer la solución de la pobreza y la exclusión a la búsqueda de soluciones a los problemas de violencia e inseguridad que conmueven a las sociedades de los países latinoamericanos, pero no parece el mejor camino ya que mientras las excusas se extienden, crecen al mismo tiempo tanto el descontento de la mayoría de la población, como la desconfianza hacia la capacidad de las instituciones de la democracia para resolver el problema.
Al otro lado, algunos sectores sociales y sus dirigentes creen que la única solución al problema consiste en políticas de “mano dura” que terminan criminalizando a sectores importantes de la población solamente por su condición o entorno social, generando resentimientos y divisiones.
Está claro que un bajo desarrollo humano y social es la mejor materia prima para un clima de inseguridad y violencia. Por eso es urgente el ataque a las causas de la pobreza y la exclusión, pero tampoco deben ponerse en secuencia los caminos de solución al problema de la inseguridad, esperando a lograr condiciones de equidad social para el luchar contra la violencia.
El gráfico siguiente muestra que, durante el período evaluado por el IDD-Lat, se observa que esa relación se cumple ya que a una mejora en el desempleo y en el nivel de pobreza, para el promedio regional latinoamericano le corresponde también una tendencia de acompañamiento con una disminución de la inseguridad. (En el gráfico 4.3 un valor más alto significa menor pobreza, menor desempleo, menor inseguridad, según el caso).
 De todos modos, la disminución de la violencia y de la inseguridad no asegura la erradicación de la injusticia. La corrupción, el avasallamiento de derechos y libertades y muchas otras formas de inequidad, arbitrariedad y abuso de poder no encuentran dique de contención judicial y todo ello contribuye al deterioro del desarrollo democrático regional.
Como indica Boaventura de Sousa[IV], “Estudios revelan que la distancia de los ciudadanos en relación con la administración de justicia es tanto mayor mientras más bajo es el estrato social al que pertenecen y que esa distancia tiene como causas próximas no sólo factores económicos, sino también factores sociales y culturales, aunque unos y otros puedan estar más o menos remotamente relacionados con las desigualdades económicas”.
Fuerzas de Seguridad y Justicia
América Latina ha avanzado significativamente en resolver sus deudas con el pasado en materia de Justicia y Derechos Humanos. En efecto, la secuela de injusticias dejada por las dictaduras de décadas pasadas ha ido encontrando, progresivamente, un marco de resolución de viejas injusticias y de reparación para las víctimas y sus familiares.
Como siempre, es más fácil reparar el pasado que resolver los problemas del presente, y tal como informa Amnistía Internacional, “la situación en materia de seguridad pública en muchos países siguió suscitando una gran preocupación. Continuó aumentando la tasa de asesinatos, sobre todo en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Jamaica.... (Ver Gráfico 4.4).
Esta descripción muestra otro aspecto en el que la dirigencia latinoamericana no encuentra el camino que ayude a contar con mejor Justicia y más Democracia.
Esta ausencia de soluciones trae desaliento en los cuadros más jóvenes y bien intencionados de las fuerzas de seguridad y en la población, generando nuevas desconfianzas y recelos entre quienes necesitan a una comunidad participativa y comprometida con la seguridad como un bien común y quienes pretenden fuerzas de seguridad confiables y honestas que libren la batalla contra el crimen. Todo ello deriva en un círculo vicioso que aleja cada día a la población de su policía y a ésta de sus ciudadanos.
 De acuerdo al estudio realizado en 2008 por Barómetro de las Américas –LAPOP, tal como se observa en el Gráfico 4.4: En Guatemala, Venezuela, Bolivia y Argentina, más del 60 por ciento de la gente encuestada piensa que la policía local está involucrada con la delincuencia. Los resultados tampoco son positivos en muchos otros países. En otros cinco países, más del 50% de la población piensa lo mismo. En sólo tres naciones, la proporción de gente que ve a la policía con preocupación está por debajo del 30 por ciento.
La reforma policial surge como un proyecto crítico para la consolidación democrática, especialmente en aquellos países con un fuerte legado de autoritarismo y abusos a los derechos humanos. Sin embargo, las necesidades urgentes de enfrentar altos niveles de delincuencia y de apaciguar las demandas populares por seguridad no han ayudado mucho a fortalecer esta empresa en la región.
En algunos casos, como en Centroamérica por ejemplo, los arrestos frecuentes de altos oficiales de la policía involucrados en carteles de crimen organizado al mismo tiempo que dirigían las guerras en contra de las pandillas, sugiere que el alcance de las reformas policiales han sido entorpecidas por los mismos esfuerzos de llevar a cabo campañas draconianas contra el crimen.
Los programas de mano dura, basados en una interpretación particular de las políticas de tolerancia cero, originadas en los Estados Unidos, han terminado en muchos casos fortaleciendo los elementos corruptos dentro de las instituciones policiales. Estos individuos han socavado los esfuerzos de desarrollar instituciones profesionales y transparentes en muchos países.
La utilización de tecnología, la formación adecuada de los cuadros policiales y el control interno, aparecen hoy como herramientas indispensables para mejorar la capacidad y la calidad de las fuerzas de seguridad, como un correctivo a la situación de desprestigio y, en muchos casos de inoperancia, en que se encuentran.
Política y Justicia
En un marco de uso, desconfianza y recelo mutuos, la política y la justicia se dan la mano en la democracia latinoamericana.
Las reformas constitucionales en materia judicial han carecido hasta el momento de un modelo definido, lo cual ha arrojado como consecuencia sistema híbridos, que incorporan elementos de la organización judicial de los Estados Unidos y de la que existe en la mayor parte de los países de la Europa continental. Muchas de esas reformas han estado atadas a la coyuntura, de manera que no han tenido la altura de miras para hacer un rediseño en profundidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Muchos jueces utilizan sus relaciones políticas para una mejor carrera judicial, mientras que muchos dirigentes políticos utilizan a la justicia y a los jueces para sus propios intereses, generando de esta forma un amplio espacio para transacciones espurias y ocultas a la ciudadanía.
Si bien esas transacciones pueden ser utilizadas para mejorar la posición de jueces amigos en el escalafón judicial y para liberar a políticos poderosos de su enjuiciamiento por violar la Ley en diversas formas, también la creación de nuevos organismos de control del Poder Judicial se ha convertido, en muchos países, en un nuevo instrumento para esas transacciones ilegales, donde los jueces son salvados o enjuiciados de acuerdo a su comportamiento amigable o no con el poder de turno.
Otra deformación que poco contribuye al desarrollo democrático tiene que ver con la “judicialización de la política”. Ante la morosidad de la justicia en la resolución de casos, muchos dirigentes han encontrado que el espacio más redituable y barato del marketing político se encuentra en las escalinatas de los palacios de justicia. En otras palabras, una ampulosa denuncia (cuando más estridente mejor) logra captar rápidamente la atención de los medios y esto permitirá al dirigente denunciante acceder a muchos y costosos minutos de radio y televisión para mostrar su enérgica lucha anticorrupción y justiciera.
Sin embargo, a la hora de las evidencias judiciales esos procesos se diluyen y en muchos casos no encuentran ninguna base real, pero a nadie le importa, ya el dirigente en cuestión habrá ascendido varios peldaños en la consideración política del electorado.
Lo que sucede es que la multiplicidad de denuncias va generando, a su vez, una mayor insensibilidad en la sociedad que observa, ya sin espantarse, las noticias que dan cuenta de casos cada vez más impactantes de corrupción que afectan a la mayoría de los actores políticos, pero que en su gran mayoría no llegan a ninguna condena.
La recuperación de la Justicia demanda un urgente saneamiento de la relación entre política y justicia, con sanción para quienes crean y utilizan ese espacio transaccional delictivo entre los actores de dos instituciones fundamentales de la democracia.
Política y ciudadanía
Como en la antigua Fuenteovejuna de Lope de Vega, ante los problemas del mal funcionamiento de la Justicia no se encuentra responsables ni se develan sus causas ni las soluciones.
Los ciudadanos acusan a los dirigentes políticos, a los jueces y a las fuerzas de seguridad; los jueces a las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y a las fuerzas de seguridad; los miembros de la policía, a los jueces y al poder político.
Algunas veces el acento está puesto en la permanente escasez de recursos para la administración de justicia; otras en la falta de capacidad y/o de formación de policías y profesionales de la Justicia; otras en los mecanismos de corrupción que facilitan el enriquecimiento de policías y jueces a cambio de la inseguridad general.
Muchos comunicadores sociales y algunas fuerzas políticas prefieren poner el acento en la desigualdad social y la pobreza; otros indican a la ausencia de autoridad y “mano dura” como la causa de todos estos males.
Incluso es llamativo que algunos gobiernos van mutando su posición de acuerdo a las conveniencias del momento o los “humores sociales”. Hemos visto a un mismo gobernante cuestionar el accionar de la Justicia por encarcelar a delincuentes por su condición social y luego por liberarlos; o también cuestionarlo por lento o por apresurado. Pero son pocos los casos en la región de planes serios de mejoramiento del sistema judicial con un programa de mayor asignación de recursos, de capacitación de profesionales de la justicia y de la seguridad, de respeto al espacio de decisión de los jueces y a sus sentencias, de facilitación del acceso ciudadano a la Justicia, cuestiones todas que parecen indispensables para lograr mayor justicia y mejor democracia.
Todo este marco de ausencia de compromiso y responsabilidad debe corregirse cuanto antes para asegurar condiciones de justicia y seguridad que promuevan el desarrollo democrático.
Conclusiones:
REFERENCIAS
[I] Lope de Vega, Fuenteovejuna, escena XX del acto tercero.
[II] El indicador de Condicionamiento de Derechos y Libertades por Inseguridad se incorporó en la Dimensión II del IDD-Lat a partir de la medición del Índice 2004. Durante los años 2002 y 2003 ese indicador no estuvo incluido en el cálculo. [III] Informe 2010 Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos en el mundo; http://thereport.amnesty.org/es/regions/americas [IV] SOUSA SANTOS, Boaventura, De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad, Bogotá, Siglo del Hombre editores, 1998, pp. 204-205.
|
 volver |
