Con este informe completamos diez años de medición del desarrollo democrático en América Latina. Ha sido un periodo intenso y apasionante de seguimiento y evaluación de lo que sucede con la democracia latinoamericana, en la cual hemos entendido y hemos colaborado con la tarea de innumerables académicos y de dirigentes políticos y sociales. Compartimos la preocupación por el desarrollo de la región, la construcción de ciudadanía y por la definición y ejecución de mejores políticas públicas en todos los países.

Nuestra satisfacción se transformará en festejo, y esa celebración la concretaremos en noviembre trabajando con dirigentes, comunicadores y politólogos, en Uruguay, para analizar el camino recorrido en estos años y las perspectivas regionales para la nueva década iniciada, durante el Seminario Internacional: Diez Años de Medición del Desarrollo Democrático Latinoamericano.

De ese encuentro obtendremos también importantes opiniones que nos permitirán ajustar nuestra tarea y mejorar nuestros productos. La medición del IDD -Lat 2011 no es portadora de buenas noticias. Superada la crisis económica internacional de 2009 –aunque nadie puede asegurarlo definitivamente–, la recuperación de índices económicos y sociales no estuvo acompañada por una mejora en los indicadores de democracia para los ciudadanos, ni en la calidad institucional, que son pilares fundamentales del desarrollo democrático. El epígrafe de esta presentación, pronunciado por el ex presidente egipcio Hosni Mubarak días antes de su caída, enunciando grandes objetivos democráticos para apaciguar a su pueblo –movilizado en las revueltas que finalmente lograron su destitución–, representa un severo llamado para una dirigencia latinoamericana que parece estar más concentrada en mecanismos espurios de retención del poder obtenido, que en alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Aunque no todas son malas noticias, las características de apego al orden institucional, la despersonalización del poder y liderazgo democrático, que han sido el signo distintivo de las últimas elecciones en Brasil, Uruguay y Chile, acaso puedan erigirse en un modelo a imitar por otros dirigentes en todas las latitudes de la región.

La democracia con sus instituciones y la política como instrumento de desarrollo, no son propiedad ni patrimonio exclusivo de persona ni partido alguno, aunque ésa parece una lección no aprendida por la mayoría de los dirigentes que acceden al poder en los países latinoamericanos. Retirarse del poder –en los tiempos constitucionales establecidos– es la mejor garantía de popularidad y respeto; sin embargo, buena parte de nuestros líderes encuentran en la etapa final de sus mandatos, imperiosas y urgentes razones que les obligan a torcer leyes y forzar mecanismos institucionales y políticos para asegurar la continuidad de su poder. Parte imprescindible de ese proceso antidemocrático se origina en una infaltable corte de aduladores –generalmente funcionarios beneficiarios del poder–, que no sólo están dispuestos a demostrar la extrema necesidad de ese liderazgo personalista, sino también de facilitar y consentir las violaciones al espíritu de las leyes que establecen que el poder democrático tiene límites claros y precisos, en el tiempo y en las formas.

Esta anomalía institucional, como producto de una cultura basada en el caudillaje político, se ha convertido en un factor endémico de la democracia de varios países latinoamericanos, cuestión que va de la mano con el déficit histórico de construcción de ciudadanía que hemos destacado en informes anteriores como la principal cuestión a revertir para asegurar el desarrollo democrático en la región. América Latina se ha destacado por sus programas exitosos de transferencias condicionadas, que han ayudado a combatir la pobreza. Ha caído levemente la desigualdad y la región se ha recuperado de la crisis económica de fines de 2008 más rápido que otras regiones. Pese a estos avances, persiste una profunda desigualdad, de ingresos, de género, territorial y étnica. Por otra parte, los avances en términos de democracia electoral no han significado una mejora en la calidad de la democracia.

Entre las grandes amenazas a la democracia latinoamericana se encuentran la inseguridad y el narcotráfico. Este desafío fundamental debe ser atacado con eficacia y con todas las armas disponibles en la democracia, particularmente en aquellos Estados que han perdido en manos de la delincuencia organizada el pleno control de su territorio. Los indicadores y los resultados del IDD -Lat nos hablan de estos problemas y constituyen una buena guía para detectar tanto esos factores estructurales, como las dificultades coyunturales que los países han tenido que enfrentar en el periodo de nuestra medición.

El desafío del desarrollo democrático latinoamericano continúa a la espera de dirigencias que ejerzan liderazgos democráticos: centrados en la transparencia y el respeto a las instituciones, pero también de ciudadanos que participen comprometida y honestamente en la construcción del bien común. Esperamos que este instrumento de diagnóstico de la salud democrática de los países sea de utilidad para quienes aspiran a alcanzar ese desafío.