IDD-Lat 2011
Resultados del desarrollo democrático Regional
 Fortalezas del Desarrollo Democrático Latinoamericano
 
• La cantidad y la intensidad de las crisis político-institucionales se han reducido y –ahora que los reclamos a la democracia aparecen en Europa y las rebeliones crecen en el mundo árabe– es menor la presencia pública de “indignados” con la democracia latinoamericana y con sus líderes.
• En promedio, la región ha venido mejorando sus indicadores económicos y sociales y parece haber sorteado la crisis económica internacional con mayor velocidad y menor impacto que otras regiones del mundo.
• América Latina superó los paradigmas de los noventa –con todas las reformas estructurales que ese proceso significó–, mediante un modelo de mayor presencia del Estado, más política social y con relativa apertura comercial. Estados más potentes han permitido profundizar las políticas redistributivas.
• Brasil, el país más grande de la región, ha mejorado su desarrollo democrático y su modelo de progreso sostenido, aunque es más lento que el de los países más desarrollados, ha comenzado a convertirse en referencia, incluso para líderes que hace poco sostenían posiciones antidemocráticas, como es el caso de Ollanta Humala, el nuevo presidente de Perú.
• Superada la crisis en Honduras, ninguno de los países ha vivido, en este periodo, quiebres institucionales que pongan en riesgo la democracia, aunque Ecuador vivió situaciones institucionales traumáticas.
• La participación política de la mujer es sostenidamente creciente, con tres países que tienen a mujeres ejerciendo la presidencia simultáneamente.
• El sostenimiento de la democracia ha traído a la región una mejora para los sectores más postergados, aunque todavía falte camino por recorrer.
 
Debilidades del Desarrollo Democrático Latinoamericano
 
• No se aprovechan, en todo su potencial, los beneficios de una etapa extraordinariamente positiva para la economía de los países latinoamericanos, de altos precios de sus productos exportables y menores costos de los bienes de mayor valor agregado.
• Brasil y México, los dos países más grandes, junto a otros más pequeños de la región, no logran superar un fuerte clima de violencia e inseguridad, ante el alto número de víctimas. Esta situación afecta derechos y libertades fundamentales, e incluso impacta –por acción u omisión– en el sistema político institucional.
• En algunos países se sigue un modelo de liderazgo no democrático, centrado en un personalismo mesiánico que debilita la institucionalidad y elimina la multiplicidad y diversidad de voces que caracterizan y fortalecen la democracia.
• Los grupos de países de bajo y mínimo desarrollo democrático continúan integrados por un alto número –diez en total– y representan más del 50% del conjunto evaluado.
• La democracia de las instituciones, aquella que tiene que ver con la calidad de las instituciones y la eficiencia política, se encuentra en la mayor parte de los países en un nivel de aplazo.
• Igual condición se repite para la democracia de los ciudadanos, o sea aquella que determina el respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos.
 
Análisis de resultados
 
El impacto social de la crisis económica internacional de 2009 en conjunto con la propia dinámica de los países y la caída registrada en los promedios de la Democracia de los Ciudadanos (Dimensión II ) y en la Democracia de las Instituciones (Dimensión III ), provocan una nueva caída en la curva ascendente que había presentado el promedio del Desarrollo Democrático en la región, durante el sexenio 2003- 2008. Se repite la situación del último año y el desarrollo democrático latinoamericano experimenta una nueva caída de 5,8% en el promedio regional. Como en todos los años de nuestra medición, Chile, Uruguay y Costa Rica se destacan del resto de los países por su alto desarrollo democrático con valores de 10,000, 8,907 y 8,500 respectivamente (Gráfico 1.1.1).
Sin embargo, Uruguay y Costa Rica presentan peores resultados con respecto a la medición de 2010; en ambos casos descienden en más de 8%. El primero por retrocesos en las Dimensiones II y III y el segundo porque no ha superado los efectos de la crisis de 2009 y presenta comportamientos negativos en las Subdimensiones Económica y Social. Perú, que ha venido mejorando medición tras medición en los últimos siete años, Panamá, Argentina, México y Brasil (este último por primera vez) integran el bloque que denominamos de “desarrollo medio”. Junto a los tres mencionados en el párrafo anterior, conforman el conjunto de ocho países que superan el promedio regional. El resto presenta bajo o mínimo desarrollo democrático, tales como Colombia, Paraguay, El Salvador, Bolivia, Honduras y República Dominicana. Este año se destaca la caída de Guatemala por el descenso muy importante que registra en la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política y por su retroceso en la Dimensión Derechos .
 
 
Entre los aspectos relevantes del desarrollo democrático regional, este año destacamos:
 
• La democracia de las instituciones, aquella que tiene que ver con la calidad de las instituciones y la eficiencia política, se encuentra en la mayor parte de los países en un nivel de aplazo.
• Igual condición se repite para la democracia de los ciudadanos, o sea aquella que determina el respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos.
• La ascendente curva de resultados económicos del ejercicio del poder democrático en la región tiene que ver más con la onda de recuperación de la economía mundial y con el precio de los commodities, que con la eficacia de las políticas nacionales.
 
Políticos y Libertades Civiles. Nicaragua abandona el grupo de bajo desarrollo para integrar este año, junto a Venezuela, Ecuador y Guatemala, el grupo de desarrollo democrático mínimo.
 
Periodo 2002 - 2011:
 
Después de haber alcanzado el valor máximo de la serie en la medición de 2009, con 5,238 puntos, el desarrollo democrático regional presenta dos años consecutivos de caída, y el promedio de este año, con 4,622 puntos, es incluso inferior al peor valor de la serie (4,647) alcanzado en 2004 (Tabla 1.1). Es interesante observar, tras diez años de medición, el comportamiento promedio de los países en la serie (Gráfico 1.1.2). Nuevamente destacan Chile, Costa Rica y Uruguay por encima de los nueve puntos y tan sólo Panamá, México y Argentina le siguen en un nivel alejado, pero todavía por encima del promedio regional. 
 
 
 
Los aspectos significativos de la evolución de los países en los diez años de medición del desarrollo democrático en la región fueron volcados gráficamente, agrupando a los países en bloques de acuerdo al grado de desarrollo alcanzado:
 
Alto desarrollo: Son tres los países que se distinguen en todo el periodo por la excelente puntuación obtenida: Chile, Uruguay y Costa Rica (Gráfico 1.2). Entre ellos, a su vez, Chile destaca por haber ocupado el sitial de mayor desarrollo en ocho de los diez periodos de medición.  
 
Desarrollo medio: Los países de mayor peso económico y poblacional presentan un comportamiento muy disparejo que termina llevándolos a posiciones intermedias. En ese grupo se ubican por su IDD -Lat 2011: Argentina, Brasil y México, además de Panamá y Perú (Gráfico 1.3).  
 
Bajo desarrollo: El numeroso grupo de países que integran el grupo de bajo desarrollo (debajo de 4,5 puntos y encima de 3,0 puntos), está integrado este año por los siguientes países: Colombia, El Salvador, Paraguay, Bolivia, Honduras y República Dominicana (Gráfico 1.4), aunque estos últimos no se ubican en la zona de mínimo desarrollo por centésimas.  
 
• El grupo de países de Desarrollo mínimo está integrado por Nicaragua, Ecuador, Guatemala y Venezuela (Gráfico 1.5). Con los   valores obtenidos este año, Bolivia, Honduras y República Dominicana abandonaron este grupo; en cambio, Venezuela se integra otra vez al bloque tras su caída de un 25%. Ecuador Guatemala y Venezuela presentan ahora el valor más bajo de 2010, que correspondía entonces a Honduras (2,537 puntos).
 
 
Comparación 2011 - 2010
 
En el análisis de la evolución general del desarrollo democrático en relación con la medición del año anterior, destacamos:
 
• En el informe 2011, son once los países (61,1%) que empeoran en sus valores de democracia del ciudadano, Dimensión de Respeto de Derechos y Libertades.
 
• En tanto, doce países (66,7%) empeoran en su democracia de las instituciones, Dimensión de Calidad Institucional y Eficiencia Política.
 
• Por otro lado, en lo referido a los resultados de la gestión democrática, Dimensión Poder Efectivo para Gobernar, ocho países (44,4%) empeoran su resultado en la Subdimensión Social, situación que advertimos en la edición 2010, debido al rezago en la medición de indicadores sociales que se iba a trasladar a este año.
 
• En la misma Dimensión de resultados de la gestión democrática, pero en la Subdimensión Económica, y en clara demostración de que los efectos de la crisis económica internacional de 2009 han desaparecido, doce países avanzan y sólo el 33% de los países analizados no ha logrado una buena recuperación.
 
• En la evolución general del desarrollo democrático –que integra los resultados de todas las dimensiones– son diez los países (55,5% del total) que caen respecto de la medición del año anterior. En relación con el comportamiento de los países, la evolución del IDD-Lat 2011 respecto del año anterior indica que los países que mejoran o se mantienen son: Chile, que continúa obteniendo el mejor valor regional; Perú, que eleva su puntuación en 5,2%; Brasil, que mejora nuevamente 3,1%; Bolivia, con un índice superior en casi 8%; Honduras, que aunque mejora en más de 27% y logra salir del último lugar del ranking 2010, no se recupera totalmente de la fuerte caída generada por la crisis institucional del año anterior; Paraguay, con apenas una mejora de 0,4%, y República Dominicana que sube en su puntuación un 13,7% (Gráfico 1.6). Es decir, sólo siete de los dieciocho países evaluados (38,9%) logró mantenerse o superar su performance del año anterior. La puntuación de los once países restantes (61,1% del total) cae respecto de los valores obtenidos en 2010.
 
Este comportamiento, que reafirma el quiebre de la tendencia creciente de desarrollo democrático que se mostraba en años anteriores, lamentablemente no se debe a las consecuencias del impacto que la crisis internacional generó en la mayoría de las variables económicas y sociales de los países de la región, sino –lo que es preocupante– por el retroceso que reflejaron en los indicadores que integran las dimensiones que miden la democracia de los ciudadanos y de las instituciones. Entre los países que tuvieron un comportamiento negativo, el máximo nivel de caída se observa en Guatemala (36,7%) donde se evidencia un importante deterioro de la calidad de sus instituciones que pareciera impactar negativamente en su capacidad de generar mejores condiciones de desarrollo económico y social. En orden de caída le siguen Ecuador (29,4%); Venezuela (26,4%); Panamá (16,1%); Colombia (14,3%); Argentina (11,9%); México (9,7%); Uruguay (8,5%); Costa Rica (8,1%), Nicaragua (3,7%) y El Salvador (1,8%).
 
 
 
Dimensión de Derechos Políticos y Libertades Civiles – democracia de los ciudadanos
 
En la dimensión que mide el desarrollo democrático desde la óptica del ciudadano, o sea desde las condiciones para que ejerza sus derechos y libertades, se observa nuevamente una leve caída en el promedio general de 3,5%. Chile, Costa Rica y Uruguay, en ese orden, lideran el ranking de esta dimensión (Tabla 1.2). Argentina, Panamá, Perú y Bolivia completan el grupo que supera el promedio regional. Los restantes once países se ubican por debajo del promedio. En la comparación con el año anterior, la mejor evolución interanual la presenta Venezuela, que mejora 17,9%, seguido por Colombia que incrementa su índice en 14,3% (Gráfico 1.7).
 
Esto no significa que ambos países se hayan convertido en iconos del respeto de los derechos políticos y las libertades civiles. Por el contrario, en el caso de Venezuela, que es castigada con un peor puntaje en el Índice de Libertades Civiles 2011. Su mejor puntaje en esta dimensión se debe a una mayor participación política de la ciudadanía en las últimas elecciones realizadas en 2010 con respecto a las de 2006, aunque sin alcanzar el valor de las elecciones de 2001. De todos modos, Venezuela ocupa el lugar 16° entre dieciocho países, muy por debajo del valor promedio de la región. Y el otro indicador que posibilita el ascenso de Venezuela en esta dimensión es el de la participación de la mujer en las esferas del Estado, que supera el promedio de la región.
 
En el caso de Colombia, pese a su mejora en comparación con el año anterior, se ubica en el 12° lugar entre los dieciocho países, sin alcanzar todavía el promedio regional. Las caídas más importantes en la comparación con los valores de 2010 se observan en Honduras, Uruguay, Perú, México y Guatemala. Los países que caen levemente son Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador y República Dominicana. Los demás países presentan leves variaciones en torno a la puntuación obtenida el año anterior. El peor comportamiento en esta dimensión se observa en el indicador de Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad que tuvo una caída general de 37% respecto del año anterior. La construcción de ciudadanía con estados democráticos que resguarden y promuevan el libre ejercicio de derechos y libertades, continúa siendo uno de los déficits del desarrollo democrático, en la mayor parte de los países de la región, según la medición del IDDLat 2011.
 
 
 
 
Mujeres al poder

 
La debilidad democrática está asociada también a los vacíos de representación producidos cuando las autoridades públicas electas no reflejan la diversidad existente en una comunidad, los ciudadanos y ciudadanas no gozan de un derecho efectivo para presentarse y competir en cargos públicos y/o existe una escasa efectividad por parte de los representantes para mediar entre sus intereses y el sistema político. A lo largo de las mediciones del IDD -Lat observamos un incremento de la participación de la mujer en la vida política de sus países. Desde el año 2002 hasta el 2011, de un promedio de participación de la mujer en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 7,8%, América Latina pasó a 22,9%, triplicando el valor en pocos años. En el Poder Ejecutivo, la presencia femenina no ha sido una de las características sobresalientes de los países de la región; sin embargo, en la actualidad cuenta con tres mujeres en la máxima magistratura: Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Roussef, en Brasil y Laura Chinchilla Miranda, en Costa Rica. Repitiendo el fenómeno de pocos años atrás cuando se había dado el mismo caso con la presencia de mujeres presidentes en: Chile, con Michelle Bachelet; Nicaragua, con Violeta Chamorro, y en Panamá con Mireya Moscoso. En gran parte de Latinoamérica se está dando una tendencia cada vez mayor hacia el incremento del sistema de cuotas y paridad de género (tanto en elecciones nacionales, regionales como locales), con la finalidad de lograr una mayor participación política de la mujer como condición indispensable para el fortalecimiento de una democracia realmente inclusiva, más legítima y representativa. Con ello se busca revertir la inequidad entre los géneros, para superar un pasado de exclusión política de las mujeres en la región.

 
 
Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política
 
En lo relativo a la dimensión que analiza la calidad institucional y política de los países, Chile supera a Costa Rica y, en valores muy próximos, se ubica Uruguay (Tabla 1.3). Perú y Paraguay completan el reducido conjunto de sólo cinco países que han logrado este año superar el promedio regional en esta dimensión del desarrollo democrático.
 
 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Panamá, México, Nicaragua y Uruguay completan el grupo de países que no logran, este año, mejorar su calidad institucional y eficiencia política. Perú y Paraguay logran importantes mejoras en esta dimensión y superan el promedio regional. Por otro lado, Honduras y República Dominicana encabezan el grupo, también obtienen mejores resultados, acompañados por Bolivia, aunque todos ellos permanecen en un nivel mínimo de democracia institucional. En esta dimensión, que evalúa el desarrollo democrático de las instituciones y de los sistemas políticos, tres cuartas partes de los dieciocho
países evaluados no alcanzan el promedio regional. Esto revela que el respeto y la valoración de la calidad institucional y de la eficiencia política no constituyen activos destacados en la cultura democrática regional. 
 
 
 
La enfermedad del poder
 
La escasa calidad institucional en América Latina parece directamente emparentada a lo que se conoce como síndrome de hybris (o hubris) –enfermedad de la arrogancia, o borrachera de poder–, patología que se evidencia en muchos exponentes en todos los niveles de la dirigencia regional. Los griegos fueron los primeros en utilizar la palabra “hybris” para definir al héroe que conquista la gloria y que, ebrio de poder y de éxito, comienza a comportarse como un dios, capaz de cualquier cosa. Aristóteles, en su Retórica, lo define de este modo: “El placer que se busca en un acto de hybris consiste en mostrar a los demás nuestra superioridad“. A David Owen, médico neurólogo y ex ministro de Sanidad y de Asuntos Exteriores británico, se debe la descripción del desequilibrio emocional que padecen algunos políticos, y que él denomina síndrome de hybris. Se trata de una patología que afecta a determinados políticos con alta responsabilidad de gobierno, que se inicia desde una megalomanía instaurada y termina en una paranoia acentuada. Una persona más o menos normal de repente alcanza el poder y al principio le asalta la duda de si será capaz de desarrollar esa actividad engrandecida de la política. Pero pronto sale de la duda porque empieza a merodearle una legión de incondicionales que no cesan de felicitarle, darle palmaditas en la espalda y recibir halagos, reconociéndole su valía.
 
Si al principio ese dirigente dudaba de su capacidad, empieza a transformar las dudas en seguridades, y comienza a pensar que todo lo bueno que sucede es mérito propio. Luego pasa a una siguiente fase en la que cree totalmente en todo lo que hace y dice, y el iluminismo se apodera de él. Su mundo se hace amplio y el de los demás estrecho; el suyo ilimitado y el de los demás, casi inexistente. Se convierte en infalible y se cree insustituible. Y todo aquel que no asume sus ideas o las rebate, se vuelve un enemigo personal que pierde todos sus derechos. No sería justo decir que el síndrome afecta solamente a los políticos latinoamericanos, sin embargo sería bueno que los partidos que impulsan estos liderazgos pusieran énfasis en la detección temprana de algunos síntomas para aplicar correctivos. Los controles preventivos debieran orientarse a detectar y controlar:
 
• Una propensión narcisista a ver su mundo principalmente como un escenario donde ejercitar su poder y buscar la gloria.
• Una preocupación desmedida por la imagen y la presentación. • Un modo mesiánico de comentar los asuntos corrientes con tendencia a la exaltación.
• Una identificación con la nación hasta el extremo de pretender que su punto de vista y sus intereses son idénticos.
• Una excesiva confianza en su propio juicio y un desprecio por los consejos o las críticas de los demás.
• Un enfoque personal exagerado, tendiente a la omnipotencia, de lo que son capaces de llevar a cabo.
• Una creencia de que antes que rendir cuentas ante la sociedad en la que viven, la Corte ante la cual deben responder es: la Historia o Dios. Y esa Corte les rendirá honores.
• Pérdida de contacto con la realidad, a menudo vinculada con un aislamiento paulatino.

 
 
 
Dimensión Poder Efectivo para Gobernar 
 
• Subdimensión Desarrollo Social y Humano 
 
El primer aspecto saliente del análisis de la Subdimensión Social es que diez países, es decir, que más de la mitad del conjunto analizado, han mejorado su puntuación con respecto al año anterior, y entre ellos los que más lo han hecho se encuentran Honduras, Brasil, Argentina y Uruguay (Gráfico 1.9). Entre los países que han obtenido una puntuación inferior a la de 2010 destacan por la gravedad de su caída: Bolivia, Panamá y Paraguay. 
 
La estabilidad del valor promedio de esta subdimensión en la región es producto del equilibrio entre mejoras sustanciales en los subíndices de Salud y Educación, en el indicador de Personas Bajo la Línea de la Pobreza y magros progresos en el indicador de Desempleo Urbano, repitiendo el comportamiento de 2010, donde se quebró la curva positiva que se había manifestado desde 2004 hasta 2009 inclusive. A pesar de algunos indicios de recuperación, la tasa de desempleo, en promedio, no muestra las cifras que se requieren para lograr una estabilización inicial y un posterior crecimiento mediados de 2009, influyó de manera positiva, junto con la aplicación de políticas anticíclicas. 
 
Sin embargo, hay que señalar que persiste un alto nivel de desempleo, así como un déficit de empleos formales, por lo que los países de la región deberán continuar haciendo los mayores esfuerzos posibles para aumentar las oportunidades y mejorar las condiciones laborales de la población, que si bien han mostrado signos de recuperación, no logran alcanzar aún un desarrollo efectivo y sostenido. La realidad es que las economías pueden ir mejor, pero mientras la gente no tenga mayor acceso a un trabajo decente e ingresos suficientes, la recuperación no será real ni sostenible. Los logros en materia de lucha contra la pobreza han llevado a que la situación actual sea más favorable que la observada durante las dos décadas pasadas. Es destacable que no sólo las actuales tasas de pobreza e indigencia se encuentran muy por debajo de las de 1990, cuando prácticamente la mitad de los latinoamericanos no tenía ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, sino que el número de personas pobres se sitúa en alrededor de veinte millones de personas menos que las alcanzadas por este fenómeno en aquel año. Referente a la tasa de pobreza, todos los países de la región continúan presentando un valor menor al registrado en nuestra primera medición, del año 2002, salvo Costa Rica, El Salvador y Uruguay.
 
Ahora, si comparamos los sostenido. Igualmente, debe señalarse que la crisis financiera no causó el grave impacto que se había pronosticado en América Latina y la tasa de desempleo se ubicó en 8,5% durante 2010, aumentando 0,8 puntos porcentuales. Esto fue debido a que la recuperación económica, que comenzó a dar claras señales a valores obtenidos en el IDD-Lat 2011 con respecto a 2010, Argentina es el país que ha mejorado más su puntuación en este indicador, y le acompañan en este sendero, aunque en una menor proporción, Uruguay, Colombia y Chile, en ese orden. En el otro extremo, las disminuciones anuales en Brasil, República Dominicana, Paraguay y Panamá fueron inferiores a 10%. Es decir, pese a los pocos avances en materia de libertades, derechos e instituciones, el funcionamiento de la democracia ha logrado una mejora para los sectores más necesitados, aunque todavía falte camino por recorrer, es un hecho destacable. Uruguay lidera la Subdimensión Social en el IDD -Lat 2011, con un puntaje superior al obtenido el año anterior y casi alcanzando el mejor valor que había obtenido en el primer Índice del año 2002.
 
Por primera vez Argentina ocupa el 2° lugar, seguida por Chile. El gasto público social creció fuertemente entre 1990 y 2008, en términos absolutos y relativos. Es fundamental que esto se utilice con responsabilidad, para apoyar el cierre de brechas en distintas etapas del ciclo de vida de las personas. Frente a la reciente crisis internacional, los gobiernos adoptaron políticas oportunas para evitar un impacto más negativo sobre la pobreza y el empleo. Entre las políticas específicamente orientadas a la lucha contra la pobreza destaca la expansión de los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC ), que beneficia a 20% de la población latinoamericana y caribeña en claras condiciones de vulnerabilidad. Podemos concluir que pese a la grave crisis global, los países de la región muestran una resiliencia en las variables sociales que no se había registrado en crisis precedentes. Esto queda evidenciado en la reciente dinámica de la pobreza, la distribución del ingreso y el gasto social, con un saldo positivo en esta subdimensión. 
 
 
 
Educación para el desarrollo

 
La educación es un poderoso instrumento para promover la movilidad social ascendente. La desigual distribución de oportunidades en América Latina implica que el acceso a los servicios educativos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, es escaso para los sectores de ingresos medios y bajos de la región. El nivel de educación alcanzado por los niños de estos segmentos de la población, parece estancado –en el mejor de los casos– en la educación secundaria completa. Resulta imprescindible acometer con audacia una estrategia múltiple que involucre: una mayor inversión en el desarrollo de la primera infancia; aumento de la calidad de la educación pública, mediante una mejor administración de los centros educativos; sistemas de evaluación modernos, con una estructura más eficaz de incentivación del profesorado; financiamiento de la educación terciaria mediante becas y préstamos; políticas redistributivas y de respaldo a los ingresos, y políticas destinadas a fomentar una mayor diversidad social en el seno de los centros educativos. América Latina registra los mayores avances en materia de educación en el mundo. En educación primaria universal, en 2008 hay un 95% de cobertura, que es muy buen indicador.
 
El número de niños escolarizados en educación preescolar aumentó, y en la mayoría de los países se logró la paridad entre los sexos en la escuela primaria. Sin embargo, la calidad de la educación y la desigualdad opacan los buenos resultados. También la violencia social figura como un obstáculo creciente en muchos países. La educación no es una disciplina aislada. Es un componente fundamental del proceso que permite disminuir las brechas de inequidad y motoriza que el individuo tenga mejor ingreso económico y mejor acceso a servicios sociales de calidad (desde agua a información). A pesar de todos los avances, 2,9 millones de niños siguen sin escolarizarse y 36 millones de adultos son analfabetos, 14 millones de ellos en Brasil. Se suman además unos 73 millones de analfabetos funcionales, personas que no son capaces de aplicar sus conocimientos básicos de lectura, escritura y cálculo en su vida cotidiana. Estas cifras dan cuenta de la mencionada necesidad de una estrategia audaz y eficaz para revertir la situación. La inequidad ha frenado el progreso social no sólo en educación sino en otros temas como salud, transporte, acceso a servicios sociales de calidad. A su vez, la educación es también el motor del proceso de construcción de ciudadanía que resulta imprescindible para mejorar la democracia regional. 

Dimensión Poder Efectivo para Gobernar 

 
• Subdimensión Desarrollo Económico 
 
Luego de la desaceleración importante que experimentó la región a lo largo de 2008, que se dio especialmente en México, Colombia y Venezuela, comenzó un ciclo de recuperación económica, gracias al renovado auge de los precios de productos básicos, la relativa seguridad para los capitales que representaban los niveles de reservas internacionales en los países latinoamericanos y el dinamismo persistente de las grandes economías asiáticas. La rápida recuperación tras la peor crisis económica en décadas, se puede atribuir a varios factores, incluyendo: instituciones económicas consolidadas, un mejor uso de los mercados financieros y vínculos comerciales cada vez más grandes con China. En los últimos veinte años,
 
América Latina experimentó una revolución silenciosa en la que sus instituciones económicas básicas, como los bancos centrales y ministerios de finanzas, se vieron fortalecidos, permitiendo una estabilidad macroeconómica y políticas saludables que en última instancia aislaron a sus economías de impactos externos. Sin embargo, la onda positiva de la recuperación no se extendió a todos los países por igual; sólo ocho se sitúan por encima del resultado 2010. Si comparamos las dos últimas mediciones, se repiten algunos países, de los cuales se ubican por encima del valor del promedio regional: Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, y este año se sumaron Colombia y Ecuador (Gráfico 1.10).
 
De cierto modo vemos que los caminos de desarrollo económico y social que emprendieron se sostienen a lo largo del tiempo, intentando romper las atávicas barreras de inequidad y de exclusión que caracterizan a América Latina. Sin embargo, el comportamiento institucional y político de algunos países y la inestabilidad y volatilidad de los mercados internacionales y de las reglas del juego macroeconómicas, hacen que los esfuerzos y los caminos virtuosos elegidos no siempre logren los resultados esperados. De allí que diez países han obtenido una puntuación menor a la alcanzada en 2010. 
 
 
 

 
El que presenta el mayor deterioro es República Dominicana, acompañado por Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Entre los que han mejorado su comportamiento se destacan Brasil, Perú, Panamá, Chile y Ecuador. Así como en la medición anterior los indicadores que conforman la subdimensión han tenido comportamientos variables, sin definir ninguna tendencia, salvo el indicador que mide Inversión que tuvo un comportamiento negativo; en la actual, los indicadores que miden Libertad Económica y el PIB per cápita han tenido en su mayoría comportamientos positivos. Como se expresa más adelante, el surgimiento de un “modelo latinoamericano” poscrisis está siendo objeto de análisis en la academia. La rápida recuperación del crecimiento y la mitigación del impacto laboral han sido su signo distintivo. El primer lugar del ranking regional lo sigue ocupando México, tal como había sucedido en 2009 y en 2010, y en el segundo lugar se posiciona Chile, desplazando a Venezuela al cuarto lugar. 
 
Este año nuevamente Uruguay ocupa el tercer lugar. El último lugar lo sigue ocupando Bolivia. A pesar de que desde 2002 el indicador de distribución de la riqueza ha mejorado en América Latina, y a la mencionada reducción de la pobreza, según la Comisión Económica para América Latina y el CaribeII (CE PAL ) los países de la región siguen teniendo las más altas tasas de inequidad en el mundo. Las diferencias en educación, distribución de la riqueza, pobreza, empleo, acceso a tecnologías de información y concentración de tierras saltan a la vista. Por ello la CE PAL reiteró la necesidad de mejorar la redistribución de la riqueza en los países de la región: 
 
porque la desigualdad no es solamente que haya más pobres, sino el problema es que hay mucho más ricos y muy ricos que no quieren ceder sus beneficios. Somos sociedades fracturadas porque no tenemos espacios de diálogo y de deliberación serios, porque no tenemos igualdades plenas en materia económica, en titularidad de derechos, en acceso a educación, a empleo. Por lo tanto somos fracturadas. La nueva ecuación mercado-Estado-sociedad nos tiene que acercar a la noción de que lo público es un espacio de los intereses colectivos y no le pertenece sólo al Estado. 
 
Para que haya desarrollo, lo que se requiere es densidad nacional. Y para construirla es necesario lograr más cohesión social, calidad de liderazgos, mayor convergencia productiva y territorial y, sobre todo, un pacto entre los actores sociales. En América Latina, las percepciones de injusticia distributiva se asocian principalmente con las opiniones ciudadanas de inexistencia de garantías económicas y sociales básicas, lo cual pone en evidencia la necesidad de acciones de los estados para cerrar las brechas sociales y avanzar en la cohesión social. 
 
Sin embargo, la percepción de una alta inequidad distributiva también se relaciona con la desconfianza en las instituciones políticas y con la creencia de que los gobiernos sirven más a las elites que a las mayorías, lo cual indica que la población percibe a la desigualdad como un problema de poder que va más allá de la concentración económica, y que de no ser abordado en su integridad, puede obstaculizar a las iniciativas para promover la cohesión social y para consolidar el desarrollo democrático.  
El “modelo latinoamericano” 

América Latina pasó de los paradigmas de los noventa, con todas las reformas estructurales que ese proceso significó a un modelo de mayor presencia del Estado, más política social y mayor apertura comercial; es decir, estados más potentes para profundizar las políticas redistributivas. A pesar de que sigue siendo la región con mayores diferencias entre los más ricos y los más pobres en el mundo, aunque entre 2002 y 2008 se ha cerrado un poco la brecha, por supuesto hay diferencias entre países. El debate en América Latina aparece centrado en el camino hacia una sociedad de bienestar al mismo tiempo que en Europa, ese modelo aparece en el banquillo de los acusados junto a los desregulados sistemas financieros. 

Previo a la crisis internacional de finales de 2008, América Latina y el Caribe aprovecharon un excepcional periodo de bonanza en la economía y las finanzas internacionales. Esta situación la utilizaron para sanear sus cuentas públicas, reducir y mejorar su perfil de endeudamiento y aumentar sus reservas internacionales, las cuales habilitaron un mayor espacio para la aplicación de políticas públicas que pudieran hacerle frente a la crisis internacional. Entre las medidas más importantes que asumieron los países de la región, se encuentran las siguientes: 


• Política monetaria y financiera: flexibilización de las condiciones de liquidez, disminución de las tasas de referencia, expansión de la cantidad de dinero y aumento de la oferta de crédito a través de la banca pública. 


• Política fiscal: rebajas y beneficios relativos al impuesto a la renta de personas y empresas, ventajas impositivas temporarias para algunos sectores, aumento del gasto corriente (transferencias a los sectores más vulnerables), e incremento de la inversión pública.

• Política comercial: incremento de aranceles de importación y otras medidas restrictivas del comercio. 

• Políticas laborales: extensión de los beneficios de los seguros de cesantía, intermediación laboral y capacitación de la mano de obra, generación de empleo público y subsidios a la contratación de mano de obra en el sector privado.
  

   
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