·  Bolivia ha sido uno de los países que más ha descendido en su puntaje de Desarrollo Democrático este año, alcanzando el lugar Nº 17 de la tabla, seguido sólo por Ecuador. El año pasado había alcanzado el lugar Nº 14. Esto se debe a peores desempeños en las Dimensiones III y IV.

· Con respecto a la Dimensión II, “Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles”, ha mejorado su puntuación con respecto al año pasado, aún sin poder alcanzar el mejor valor que se produjo en el 2002. El incremento se origina en la mayor participación de la ciudadanía en las elecciones legislativas celebradas durante el 2005. Es complicado el nivel de inseguridad que denota el indicador de Condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad.

· En la Dimensión III “Calidad Institucional y Eficiencia Política”, el pobre resultado responde a varios factores: por un lado, el castigo del 40% que recibe por la crisis institucional que vivió el país durante el 2005; y, por el otro, una fuerte caída en el valor del indicador de Desestabilización (mayor cantidad de víctimas de violencia política) y las caídas, aunque leves, en los desempeños de Accountability y de Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo.

· Bolivia es el país con el peor puntaje en la Subdimensión “Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica” del total de países analizados. Y en esto inciden negativamente los indicadores de Inversión y PIB per cápita. Mejora levemente en Libertad Económica y fuertemente en Endeudamiento.

· En lo que respecta a la Subdimensión Social, desciende con respecto al valor obtenido en el 2005 por su peor desempeño en Salud, en Educación y en el indicador de Pobreza. Sólo muestra logros en lo que respecta al desempleo.

Bolivia celebró en diciembre de 2005 unas elecciones generales que debieron adelantarse en relación con la fecha inicialmente prevista: 2007. El cambio fue consecuencia directa de la grave crisis política y social que atravesaba el país y que había obligado al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a nombrar un nuevo gabinete en febrero 2003 y a renunciar en diciembre de ese mismo año. Sánchez de Lozada fue sustituido entonces por su vicepresidente, Carlos Mesa, quien nombró un gabinete integrado en su totalidad por gestores independientes, sin representantes de partidos políticos, pese a lo cual también fue afectado por las turbulencias políticas.

Carlos Mesa asumió el gobierno con el compromiso de llevar a cabo un referendo sobre cómo utilizar las reservas de gas del país, uno de los catalizadores de la caída de Sánchez de Lozada; y la formación de una Asamblea Constituyente que ayudara a refundar al país. Llegó con la promesa de agotar todas las vías de diálogo y rechazar el uso de la violencia. Casi desde el principio, su gobierno estuvo acechado por las protestas y presiones, además de una conflictiva relación con el Congreso donde el gobernante carecía de apoyo.

A pesar de su alta popularidad, de acuerdo a las encuestas, Mesa no pudo lograr la aprobación de una ley de hidrocarburos, que a su juicio, respetaba lo establecido por el pueblo boliviano en el referendo sobre el gas, uno de los pocos éxitos políticos que obtuvo en su año y casi cinco meses de mandato. Tampoco logró aplacar las presiones de diferentes sectores y vio como Bolivia corría el riesgo de desmembrarse luego de que las agrupaciones cívicas de Santa Cruz amenazaran con proclamar la autonomía.

El eje central de la controversia política se centró en una nueva Ley de Hidrocarburos, que en definitiva intentara lograr una porción de la nueva renta petrolera y gasífera para el Estado. Cuando el proyecto de ley, retocado hasta quedar prácticamente en confirmación del statu quo, se presentó finalmente, en mayo de 2005, a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva, arreciaron las protestas y manifestaciones. En todo el país se multiplicaron las huelgas, los cortes de carreteras y las marchas; las organizaciones populares se prepararon para la huelga general. Los sectores más radicales -los sindicatos de la Central Obrera Boliviana (COB), las confederaciones campesinas del Altiplano y las juntas vecinales de la ciudad de El Alto, epicentro de la insurrección de 2003- exigieron la nacionalización sin indemnización del gas y del petróleo, la dimisión del presidente y el cierre del parlamento, mientras que el MAS y los sectores sindicales y campesinos afines a este partido se limitaron a pedir un aumento de impuestos sobre las exportaciones de hidrocarburos y la convocatoria de una Asamblea Constituyente, proyecto más bien vago de reforma constitucional que supuestamente otorgaría una mayor participación política a las comunidades indígenas y los movimientos sociales. A medida que la revuelta fue ganando extensión y profundidad, se radicalizaron también sus medios y sus objetivos.

Finalmente, en junio de 2005 el gobierno de Mesa cercado por los planteos contrapuestos de los dirigentes indígenas de El Alto y los regionalistas de Santa Cruz, debió renunciar (ahora en modo indeclinable, ya que en marzo el Congreso había rechazado otro intento suyo de renuncia), y desde entonces Eduardo Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, asumió interinamente, lo que –más allá de sus intereses personales- lo obligó a un nuevo llamado anticipado de elecciones, convalidando institucionalmente el clima de convulsión política y social que caracterizaron los últimos años del país.

Sin embargo, tampoco el tránsito hacia las elecciones fue demasiado fácil, en un clima de incertidumbre política e institucional –con las elecciones bajo un manto de dudas–, el presidente Eduardo Rodríguez señaló en octubre que, si no había comicios el 4 de diciembre, dejaría el cargo y retornaría a la Corte Suprema de Justicia. En un breve mensaje al país el jefe de Estado conminó al Congreso a resolver el conflicto derivado de un fallo del Tribunal Constitucional que obligaba a los parlamentarios a redistribuir los escaños entre las regiones de acuerdo con el censo poblacional de 2001. Finalmente se logró un trabajoso acuerdo en el Congreso que posibilitó llevar adelante el proceso electoral.

Lo que ha distinguido al periodo político que comenzó con el abandono del cargo de Gonzalo Sánchez de Lozada y culminó en la renuncia de Carlos Mesa y el interinato de Rodríguez, fue la confluencia, en un mismo momento, y con los mismos niveles de intensidad, de tres demandas: nacionalización de los hidrocarburos, Asamblea Constituyente y derechos indígenas y, finalmente, se sumó la cuestión de la autonomía de las regiones.

Entre los temas claves de la campaña se destacaron la nacionalización del gas, la cuestión de las autonomías y la representación de los sectores indígenas. El luego triunfante lider cocalero, Evo Morales, y los dirigentes del MAS, desarrollaron en la campaña un doble discurso –para nada extraño a las campañas políticas en esta parte del mundo- ante sus seguidores campesinos e indígenas hablaban de nacionalización y reforma agraria, mientras en sus encuentros con los empresarios prometieron respetar y proteger la propiedad privada, incluida la de las transnacionales y los latifundistas. Tras fracasar en un primer intento de integrar en una alianza electoral a los movimientos radicales -los sindicalistas de la COB y las organizaciones vecinales de El Alto desautorizaron a los dirigentes que pretendían presentarse a las elecciones-, fueron buscando y encontrando cada vez más el apoyo de las clases medias, los empresarios, profesionales e intelectuales, sin olvidar los esfuerzos por congraciarse con los militares y los latifundistas: en septiembre, Morales aseguró en Santa Cruz que no permitiría las ocupaciones de tierras por los campesinos, y la consigna de la reforma agraria desapareció de los discursos electorales del partido.

Finalmente, el 18 de diciembre, Evo Morales, candidato del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), se impuso por mayoría absoluta, con el 54 % de los votos, muy por delante del 28,5 % de su máximo rival, el conservador Jorge Quiroga, en la primera vuelta. Morales se convirtió de este modo en el primer presidente indígena de la historia del país.

Por primera vez, además, se escogieron por voto popular los prefectos (gobernadores) de los 9 departamentos en que se divide el país, avanzándose de este modo hacia la descentralización de la nación andina. La victoria de Evo Morales creaba fuertes elementos conflictivos a nivel regional que se derivaron de varios factores: a) como líder de los agricultores cocaleros, posición que le dio un fuerte punto de partida para lograr sus ambiciones políticas, el líder cochabambino desafíó abiertamente a los Estados Unidos y su política de supresión de los cultivos de esa hoja, de consumo tradicional en Bolivia y otros países andinos, pero materia prima también para la elaboración de cocaína. Morales prometió permitir la libre producción de coca, con lo que amenazó de un modo directo la política que los Estados Unidos vienen desarrollando desde hace varios años al respecto. La estrategia norteamericana parece haber encontrado así, por primera vez, una oposición franca y decisiva, que obligará a repensar sus líneas de acción; b) como líder de izquierda, aliado a los grupos más radicales del indigenismo y el sindicalismo bolivianos, Evo Morales expresó una tendencia hacia el socialismo que amplió en la región, el problema creado ya por el eje Cuba-Venezuela. Esto despertó bastante preocupación en Brasil y en países como el Perú, donde se temía que se expandiera esa tendencia; c) como nacionalista de izquierda, proclive a la política de nacionalizaciones de los recursos básicos, Evo prometió una política que se opone francamente a la globalización y los diversos acuerdos de integración que se gestan en la región.