MEMORIA DEMOCRATICA

COSTA RICA

En Costa Rica, el Presidente Abel Pacheco señalaba al trazar un balance de su gestión que: “…nuestros esfuerzos han estado destinados a poner orden en la ejecución de los programas sociales y en la administración de los recursos públicos a ellos asignados. La formulación de un plan que guía la acción pública en este campo así como la formulación de planes regionales de desarrollo y el rescate y reactivación de las estructuras regionales nos han permitido, pese a la asfixia fiscal que sufrimos, mejorar gradualmente la calidad de vida de las personas menos favorecidas”. Pero, en realidad, la gestión de su presidencia estuvo signada por dos grandes temas: a) en lo económico, las tratativas que culminarían en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; y b) en lo político, el aniquilamiento durante su gestión, de su partido, el PUSC, diezmado por los procesos judiciales contra los ex presidente Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón.

En el transcurso del año, la negativa de la Asamblea Legislativa para aprobar una reforma fiscal urgente, dejó al Gobierno sin los recursos indispensables para invertir lo necesario y suficiente en los programas sociales.

El especial desempeño económico del país no pudo evitar la crisis social, política y ética que es común al resto de América Latina. Los pequeños productores de granos (maíz, frijoles, arroz) desaparecieron y los pequeños productores de tradicionales (café y caña) se encuentraban en profunda crisis. La distribución del ingreso se polarizó y el salario real tenía menos poder adquisitivo que a finales de los años 70. Las capas medias se pauperizaron ostensiblemente y sus estratos más bajos se encontraban en un límite de vulnerabilidad próximo al de los estratos pobres.

El gasto social per cápita era menor que en los años 70 y los servicios públicos de salud y educación se habían degradado severamente, priorizándose cada vez más la opción de la compra privada de estos servicios.

Desde el punto de vista electoral, el tradicional partido Liberación Nacional, socialdemócrata, se encaminaba a un triunfo en las elecciones del 5 de febrero de 2006. Oscar Arias, su candidato, una figura ampliamente reconocida internacionalmente, contaba ya con un 40-45% de las intenciones de voto. Le seguía en un distante segundo lugar, con alrededor del 20% de preferencia, Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana y –con 15%, pero aumentando velozmente su caudal de apoyo- Otto Guevara, del Movimiento Libertario. El abanderado de los socialcristianos, Ricardo Toledo, acusaba el golpe recibido por su partido después de los escándalos de corrupción que estallaron ese año, y obtenía menos del 5% de las intenciones del electorado.

Luego de una polémica enmienda constitucional que aprobó la reelección presidencial en el país, el 14 de enero del 2005 Arias inscribió su precandidatura presidencial y desde el 5 de junio siguiente es candidato a la Presidencia de la República para las elecciones de 2006. El ex presidente Luis Alberto Monge y otros voceros lanzaron críticas a su segunda candidatura presidencial, aduciendo que el fallo de los magistrados no era suficiente para permitir una reelección y que para ello se requería una asamblea constituyente, por lo cual su presidencia, representaría un gobierno de facto.

Su candidatura también generó fuerte oposición en grupos de diversa índole, desde aquellos abiertamente izquierdistas hasta ecologistas. El apoyo a la economía de mercado y en especial al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos aún le generan anticuerpos en la sociedad costarricense. Arias impulsa una agenda de apertura que a criterio de algunos sectores beneficia abiertamente a la clase empresarial. Su participación o pertenencia a empresas azucareras e hidroeléctricas que se verían beneficiadas con la ruptura de monopolios estatales también son motivo de denuncia.