“Derechos humanos, democracia y paz son tres elementos necesarios de un mismo movimiento histórico: sin derechos humanos  reconocidos y protegidos, no hay democracia; sin democracia no existen las condiciones mínimas  para la solución pacífica de los conflictos. Con otras palabras, la democracia es la sociedad de los ciudadanos, y los súbditos se convierten en ciudadanos cuando se les reconocen algunos derechos fundamentales, habrá una paz estable, una paz que no tenga  la guerra como alternativa, sólo cuando seamos ciudadanos no ya solamente de este o aquel  Estado, sino del Mundo” (Norberto Bobbio)

4.1 La mirada Académica

           La división de los derechos humanos en tres generaciones fue realizada por primera vez por Karel Vasak en 1979. Cada una se asocia a uno de los grandes valores proclamados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad.

Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, vinculados con el principio de libertad. Generalmente se consideran derechos de defensa o negativos, ya que exigen la inhibición de los poderes públicos y la no injerencia de éstos en la esfera privada.

Los denominados derechos de segunda generación son los económicos, sociales y culturales, que están vinculados con el principio de igualdad. Exigen para su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y servicios públicos. Existe cierta oposición entre los derechos contra el Estado (primera generación) y los derechos sobre el Estado (segunda generación).

Los defensores de los derechos civiles y políticos califican frecuentemente a los derechos económicos, sociales y culturales como falsos derechos, ya que el Estado no puede satisfacerlos más que imponiendo a otros su realización, lo que para éstos supondría una violación de derechos de primera generación.

Por su parte, la tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los años 1980, se vincula con la solidaridad . Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética, aunque diferentes juristas asocian estos derechos a otras generaciones: por ejemplo, mientras que para Vallespín Pérez la protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta generación, para Roberto González Álvarez es una manifestación, ante nuevas amenazas, de derechos de primera generación como el derecho a la vida, la libertad y la integridad física.

Autores como David Vallespín Pérez, Franz Matcher, Antonio Pérez Luño, Augusto Mario Morello, Robert B. Gelman y Javier Bustamente Donas afirman que está surgiendo una cuarta generación de derechos humanos. No obstante, el contenido de la misma no es claro, y estos autores no presentan una propuesta única. Normalmente toman algunos derechos de la tercera generación y los incluyen en la cuarta, como el derecho al medio ambiente o aspectos relacionados con la bioética. Javier Bustamante afirma que la cuarta generación viene dada por los derechos humanos en relación con las nuevas tecnologías ; otros, que el elemento diferenciador sería que, mientras las tres primeras generaciones se refieren al ser humano como miembro de la sociedad, los derechos de la cuarta harían referencia al ser humano en tanto que especie.

Helio Gallardo, por su parte, defiende la existencia de cinco generaciones de derechos humanos, que identifica con las reivindicaciones de diferentes grupos sociales. Serían los derechos civiles y políticos, reclamados por la burguesía; los económicos, sociales y culturales, propios de los movimientos obreros y antiesclavistas; los derechos de los pueblos y sectores diferentes, incluyendo las luchas de descolonización y feministas; los ambientales, que define como derechos las generaciones futuras; y los relativos al control del cuerpo y la organización genética de uno mismo, enfrentados a la mercantilización del interior de la vida.

Podemos definirlos como un conjunto de exigencias éticas y sistemas de valores inacabados y en continua evolución debido a cambiantes condiciones socioculturales, que tienen su expresión en normas jurídicas nacionales e internacionales, que imponen deberes al Estado y conceden facultades a las personas, y que tienen como fin el reconocimiento de la dignidad humana como valor superior a otros[i].

4.2 Declaración Universal de los Derechos Humanos

Más allá de la clasificación académica de los Derechos Humanos, la comunidad internacional logró un enorme avance con la declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de un cuidadoso escrutinio y de 1,400 votaciones sobre prácticamente cada una de las cláusulas y palabras, la Asamblea General aprobó la "Declaración Universal de Derechos Humanos" el 10 de diciembre de 1948 en París.

Hasta el momento en que se aprobó la Declaración, los gobiernos habían sostenido que esos asuntos, los derechos humanos, eran de carácter interno y no era competencia de la comunidad internacional. Al aprobar la Declaración, los Estados Miembros de la ONU se comprometieron a reconocer y observar los 30 Artículos de la Declaración, en donde se enumeran los derechos civiles y políticos básicos, así como los derechos económicos y culturales a cuyo disfrute tienen derecho todos los seres humanos del mundo.

La declaración consta de 30 artículos, repartidos en 4 grupos de disposiciones. En el documento se establecía que los países estaban resueltos, entre otras cosas:

"A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas".

Y tenían como uno de sus propósitos:

"Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".

Los primeros artículos proclaman que todos los seres humanos nacen libres e iguales… “en dignidad y derechos”…, y que estos derechos, les corresponden sin distinción de razas, color, sexo, idioma, opinión política, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

 El segundo grupo, artículos del 3 al 21, consagra los derechos del individuo como miembro de colectividades, es decir, los derechos civiles y políticos de todos los seres humanos (derechos a la vida, a la libertad a contraer matrimonio, derechos a la nacionalidad, y de asilo entre otros)

El tercer grupo, artículos del 22 al 27, corresponde a los derechos económicos, sociales, culturales de todos los seres humanos, entre los que se incluyen por ejemplo el derecho al trabajo, a la educación, al disfrute del tiempo libre y a la seguridad social. -Un cuarto grupo, artículos 28 al 30, reconoce que toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que los Derechos Humanos pueden realizarse plenamente y que cada persona tiene deberes y responsabilidades ante la comunidad en la que vive.

4.3 Características

Distinguimos a los Derechos Humanos por una serie de características que expresan que los derechos humanos son:

- Universales: toda persona posee dignidad y nadie puede ser discriminado o excluido.

- Inalienables: no se puede renunciar ni negociar estos derechos.  El Estado no puede disponer de los derechos de los ciudadanos. -Naturales: el origen de los derechos humanos es la propia naturaleza del hombre.

- lnviolables: no pueden ser destruidos ni lesionados, porque atentaría contra la dignidad del hombre.

- Obligatorios: deben ser respetados tanto por las personas como por los estados, a pesar de que no existan leyes que los establezcan.

 - Indivisibles: si se suprime alguno de ellos, se pone en peligro la vigencia del resto de los derechos.

Jurídicamente, los derechos humanos son facultades o prerrogativas que las normas constitucionales e internacionales reconocen a las personas para asegurar su dignidad, su libertad y su igualdad.

Si no fueran respetados por los estados o por otras personas o grupos, el titular de esos derechos puede exigir que se cumplan a través del ejercicio de la ley.

4.4 América Latina

La total aplicación de los derechos humanos supone una plena vigencia de vida democrática, tanto en su aspecto formal como sustantivo y en sus dimensiones política, económica y social, ya que “…la democracia para los modernos expresa un procedimiento normativo que debe garantizar el ejercicio de las libertades individuales.” (Roitman, 2005: 73).

La incorporación de los principios universales de derechos humanos en los países latinoamericanos ha sido satisfactoria. Así, de los cincuenta y dos tratados internacionales sobre derechos humanos, adoptados en el marco de las Naciones Unidas, los países latinoamericanos han aprobado, en conjunto, un promedio de treinta y cinco tratados. Este hecho coloca al continente americano en el segundo lugar de reconocimiento de las normas universales de derechos humanos, luego de los países europeos.

Sin embargo, como todos conocemos, la puesta en práctica de los postulados teóricos de derechos humanos ha tropezado con un sinnúmero de dificultades que surgieron con el advenimiento de las dictaduras militares americanas, durante las décadas de los sesenta y setenta, así como con la agudización de la crisis económica que se inició en los ochenta y que colocó al continente ante un panorama preocupante y desalentador, en el cual los derechos humanos siguen siendo para amplios sectores de la población, simples enunciados que no se traducen en mejor calidad de vida.

Latinoamérica inicia el  nuevo siglo intentando superar los conflictos que jalonaron su territorio durante el siglo pasado, en la búsqueda de esquemas institucionales que logren una adecuada articulación entre sociedad, mercado y Estado. La sociedad ya no pretende solamente el reconocimiento de sus derechos, sino también su pleno ejercicio desde la integralidad e indivisibilidad de los mismos. Una sociedad que hoy busca participar en las políticas públicas que le conciernen y que exige cuentas  claras.

Sin embargo, aquella exigencia no es aún generalizable a todo el continente sino solo parcialmente a algunos sectores o poblaciones, en un contexto en el que siguen vigentes tanto la pobreza como la exclusión. En América Latina la situación de los derechos humanos experimenta una especie de vaivén entre lo deseable y lo posible.

América Latina entra a un siglo que culmina con un importante  número de acciones y de instrumentos de Naciones Unidas a favor de la defensa y protección de los derechos humanos, a tal grado que, algunos autores, como Rabossi, hablan del “fenómeno de los derechos humanos”; otros sostienen que se trata de un suceso incontrovertible: “Nunca como en el presente parecen haber gozado  los derechos humanos de un grado de reconocimiento jurídico comparable a la escala planetaria. Y semejante reconocimiento  convierte esos derechos - por encima o por debajo de sus nada infrecuentes violaciones, allí donde alcanzan a regir, y de su generalizada falta de  aplicación, allí donde solo rigen nominalmente,-  algo así como en un hecho incontrovertible”. En esta óptica, se sitúa, ciertamente, Carlos Nino cuando menciona que “los derechos humanos constituyen  uno de los más grandes inventos de nuestra civilización”.

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de  Viena, en 1993, se reafirma  la articulación indivisible que existe entre derechos humanos, democracia y desarrollo. Tres dimensiones que tienen como base común otro aspecto esencial para el desarrollo armónico y sobrevivencia de la humanidad: la paz. Al respecto, Bobbio nos señala: “Derechos humanos, democracia y paz son tres elementos necesarios de un mismo movimiento histórico: sin derechos humanos  reconocidos y protegidos, no hay democracia; sin democracia no existen las condiciones mínimas  para la solución pacífica de los conflictos. Con otras palabras, la democracia es la sociedad de los ciudadanos, y los súbditos se convierten en ciudadanos cuando se les reconocen algunos derechos fundamentales, habrá una paz estable, una paz que no tenga  la guerra como alternativa, sólo cuando seamos ciudadanos no ya solamente de este o aquel  Estado, sino del Mundo”. 

Sin embargo es necesario resaltar que la pobreza que afecta a más de la mitad del continente no es sólo una cuestión de carencias económicas. Ésta tiene múltiples dimensiones, en cuanto “entraña una violación de derechos humanos en gran escala[ii]. Derechos como el acceso a la salud, a formar una familia y tener la estabilidad para mantenerla, a la nutrición, a la educación, al trabajo, a la propia cultura, a ser escuchados, a participar.

Toda estructura jurídica-política debe tener como base y finalidad el aseguramiento de los derechos humanos, si ello no fuera así, esa estructura carecerá de valor, constituyéndose en un régimen de opresión. 

En base a la necesidad de evaluar la relación entre Desarrollo Democrático y Derechos Humanos hemos analizado el comportamiento de los países latinoamericanos en base a los indicadores del IDD-Lat que están relacionados con el respeto de los Derechos Humanos o con los condicionamientos que los restringen en cada país. A eso le hemos agregado la consideración del marco institucional y jurídico que beneficia tanto su ejercicio como el castigo a los responsables de su violación.

Con estos elementos hemos elaborado un indicador de Tendencia 2008 en Derechos Humanos  que aquí presentamos, como un aporte para la revisión de las políticas nacionales en este sentido.

 Indicador de Tendencia en DDHH

El promedio del indicador de Respeto de Derechos Políticos y Libertades Civiles (4.690) es fuertemente inferior en la región al promedio del indicador de Respeto a Derechos Económicos y Sociales(5.610). Lo que indica que, en general, pese a las dificultades que trae aparejada la inexistencia de condiciones de respeto a derechos económicos y sociales, en nuestros países es todavía más difícil que se respeten los derechos y libertades de los ciudadanos.

Chile, Uruguay y Costa Rica son también los países que sobresalen en su tendencia en derechos Humanos con un valor por encima de 7.500 puntos. Costa Rica y Uruguay en mayor medida por el marco de respeto a Derechos Políticos y Libertades Civiles, Chile, en cambio, por el Respeto a Derechos Económicos y Sociales.

Argentina y Panamá completan el lote de cinco países con una tendencia positiva, aunque con valores que se sitúan entre los 6.000 y 7.500 puntos. La República Argentina con un valor medianamente alto en el Respeto de Derechos Económicos y Sociales, presenta un valor muy discreto en el indicador de Respeto de Derechos Políticos y Libertades Civiles, aunque se ve beneficiada en su tendencia por el marco jurídico institucional de revisión de violaciones de los Derechos Humanos. Panamá presenta un mejor valor en el Respeto de Derechos y Libertades que en lo relativo a Derechos Económicos y Sociales, y no cuenta con el mejor marco para la revisión de violaciones.

Perú, Brasil y Ecuador se sitúan en el lote de países que, aunque no se encuentran en “zona verde”, presentan una tendencia intermedia (entre 5.000 y 6.000 puntos).

 Perú aunque no sobresale en todos los indicadores de Respeto a los Derechos, ve potenciada su situación por el Marco Institucional y Jurídico para reprimir violaciones anteriores y evitar futuras. Brasil tiene una performance muy baja en el Respeto de Derechos Políticos y Libertades Civiles, aunque mejora sustancialmente en el indicador de Derechos Económicos y Sociales.

Ecuador, en cambio, mantiene valores similares (por debajo de los 5.000 puntos en los indicadores de Derechos, pero mejora sus valores por contar con un buen Marco Institucional y Jurídico para reprimir violaciones a los DDHH.

Nicaragua, Colombia, R. Dominicana, El Salvador y México en base a diferentes causas y situaciones logran sin embargo una preocupante tendencia en DDHH, ubicándose en zona “naranja” (entre 3.500 y 5.000 puntos).

Nicaragua cuenta con un indicador bajo de Respeto de Derechos Políticos y Libertades Civiles, aunque mejora su indicador de Derechos Económicos y Sociales no alcanza a abandonar la zona naranja.

Colombia con su problema de guerrilla y violencia tiene un muy mal registro en el indicador de Respeto de Derechos Políticos y Libertades Civiles. Su indicador de Derechos Económicos y Sociales en cambio se ubica en niveles altos, por eso su tendencia general no cae en un nivel más bajo.

República Dominicana se ubica en un nivel parejo de bajo respeto a los DDHH, en torno a los 4.000 puntos para todos sus indicadores.

El Salvador, con valores de 4.398 y 5.033 puntos en ambos indicadores, se ve perjudicado por la ausencia de un buen Marco Institucional y Jurídico para reprimir violaciones a los DDHH.

México, que cuenta con un muy buen valor en el indicador de Derechos Económicos y Sociales (más de 6.000 puntos),  presenta sin embargo una tendencia general negativa por el bajo valor de su indicador de Respeto de Derechos Políticos y Libertades Civiles (3.279 puntos) y por la ausencia de un adecuado Marco Institucional y Jurídico para reprimir violaciones a los DDHH.

Honduras, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Guatemala cierran el lote de países latinoameriocanos evaluados, presentando la más baja tendencia en DDHH y ubicándose por lo tanto en la zona roja (por debajo de los 3.500 puntos).

En todos estos casos es llamativo el bajo valor del indicador de Respeto de Derechos Políticos y Libertades Civiles y la ausencia de un adecuado Marco Institucional y Jurídico para reprimir violaciones a los DDHH.

4.5 Conclusiones