En la América del Sud la República es la monarquía destronada

y caída en el nivel común por la acción de las cosas.

Es la monarquía sin rey, ejercida por

un ciudadano con el título de Presidente.

Juan Bautista Alberdi

Desvanecer: Disgregar o difundir las partículas de un cuerpo en otro

– Diccionario de la Real Academia Española

Quienes hacemos el IDD-Lat, entendemos que en el proceso democrático, el comportamiento de las instituciones es realmente trascendente para potenciar, o limitar según el caso, el desarrollo de la democracia y el cumplimiento de sus fines. De allí que pongamos tanto énfasis en valorar el grado de avance o retroceso que los países latinoamericanos presentan en su desarrollo democrático, ya que la democracia es un camino sin final, en el que -muchas veces- los ciudadanos estamos perdidos y sin referencias próximas que nos indiquen si hemos avanzado o retrocedido y cuánto lo hemos hecho.

Debido a esa preocupación por identificar cuestiones objetivables que nos permitan evaluar la performance de avance o retroceso de cada sociedad en relación con sus propios vecinos, cada año nos detenemos en el análisis de un tema que, por su extensión o profundidad en las entrañas culturales de la sociedad democrática latinoamericana, constituye a nuestro criterio un riesgo o acechanza para la evolución democrática de la región.

De allí que, durante los años recientes, en cada publicación del IDD-Lat trabajamos en el análisis de:

·         Desarrollo Humano y Democracia (año 2003);

·         Debilitamiento de las Instituciones Democráticas (año 2004)

·         Impacto Institucional del Debilitamiento de los Partidos Políticos (año 2005)

·         Tecnopopulismo y Desarrollo Democrático (año 2006)

En la tarea de focalizar año a año alguno de los problemas que enmarcan y condicionan la evolución democrática de América Latina, este año tratamos de alertar sobre el impacto que tendrá la continuidad del modelo hiperpresidencialista y la desvalorización de la institución parlamentaria que tanto dirigentes como dirigidos vienen realizando sistemáticamente en gran parte de los países de la región.

Como ya señalaba el gran pensador de la naciente república argentina en el siglo XIX, Juan Bautista Alberdi, este problema no es nuevo en la cultura política latinoamericana, son lamentablemente muchos los dirigentes que habiendo accedido a la presidencia de los países –sea por convicción o conveniencia- terminan convencidos de que son la materialización de esa “monarquía sin rey” (… y es sin rey solo porque las tradiciones políticas vigentes no lo facilitan) y trabajan denodadamente para convencer a propios y extraños de que toda voluntad que se oponga  a la del “soberano presidente” sólo es una expresión contraria a “los intereses de la patria”, que pone en riesgo “la república”, según ellos mismos la entienden.

Exponentes claros de este pensamiento y de este modelo político fueron las dictaduras y las dictablandas que, con gobiernos militares o seudodemocráticos  poblaron la historia del último siglo en América Latina.

Esa ya larga y también penosa tendencia de los dirigentes por un poder excluyente y preferentemente perdurable[1], encuentra un primer escollo a vencer que es un Parlamento en pleno ejercicio de sus atribuciones.

Si bien el régimen presidencialista en la región se caracteriza por el ejercicio del Poder Ejecutivo a cargo de un Jefe de Estado que es al mismo tiempo Jefe de Gobierno, promulga las leyes, dirige la política interna o externa de la Nación y nombra a sus ministros y asesores sin interferencia de otros poderes del Estado, los excesos van potenciando la exclusión del Parlamento y la Justicia, ya que el Ejecutivo pasa a ocupar casi todo el espacio de discusión, decisión y acción política. Incluso en países que como la Argentina (con el Jefe de Gabinete) y Perú (con el Premier) intentaron morigerar estas características, poco se ha logrado y se asiste a un fuerte hiperpresdencialismo que opaca y hasta anula el rol de esas nuevas figuras institucionales.

El ranking de países con mayores atribuciones presidenciales es encabezado por Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia, aunque en los últimos años la asignación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo se ha reforzado en toda la región, incluyendo la sanción de normas para prolongar mandatos y/o facilitar reelecciones. Chávez ha construido una arquitectura institucional que permite concentrar en sus manos la suma del poder público; desde 1989 Argentina vive bajo un estado de emergencia permanente, con leyes que se prorrogan año a año extendiendo la transferencia de funciones legislativas, incluso bajo diversos gobiernos; Lula en Brasil reforzó las atribuciones legadas por su antecesor y Uribe en Colombia obtuvo entre 2001 y 2004 un cúmulo inédito de superpoderes. Morales en Bolivia y Correa en Ecuador batallan por lograr atribuciones excepcionales y otros presidentes, abierta o solapadamente, reclaman actualmente facultades excepcionales.

La recurrencia de crisis económicas y sociales han sido el caldo de cultivo para esta gravitación del presidencialismo. Las turbulencias han sido tan repetidas y devastadoras, que facilitaron y justificaron la instauración de formas muy personalistas de conducción del estado.

Paradójicamente, en un repaso de las situaciones críticas del resurgimiento democrático de las últimas décadas en la región, el Poder Legislativo removió de su cargo (o forzó la renuncia) de Fernando Collor de Mello en Brasil en 1992, Carlos Andrés Pérez en Venezuela en 1993, Abdalá Bucaram en Ecuador en 1997 y Raúl Cubas Grau en Paraguay en 1999.  Los congresistas intentaron sin éxito remover de su cargo a Ernesto Samper de Colombia en 1996 y a Luis González Macchi de Paraguay en 2001 y 2002.  Otros presidentes fueron obligados a renunciar en Argentina en 2001, en Bolivia en 2003 y 2005, en Ecuador en 2000 y 2005, en Guatemala en 1993, en Perú en 2000. Ninguna de estas crisis determinó un quiebre de la democracia.  Los militares jugaron un papel clave solamente en el Perú en 1992 (con el autogolpe liderado por Alberto Fujimori), en Guatemala un año más tarde (los oficiales de rango medio se negaron a apoyar un autogolpe similar, y el presidente Serrano debió renunciar), y en Ecuador en 2000 (un golpe forzó la salida del presidente Jamil Mahuad, pero la junta militar no pudo ocupar el poder). 

En el análisis de esta situación regional, al menos tres respuestas han comenzado a emerger desde ámbitos académicos.  Para Arturo Valenzuela, la caída reiterada de presidentes simplemente ha corroborado la inestabilidad intrínseca del presidencialismo (ya Sartori en los ’90 había sostenido reiteradamente que el presidencialismo era más inestable que los parlamentarismos a partir de datos estadísticos de caídas de gobiernos). Una segunda interpretación, representada por autores como John Carey y contraria a la de Valenzuela, ha enfatizado la aparente “parlamentarización” del presidencialismo latinoamericano. La tercera línea de investigación ha comenzado a ver las recientes crisis presidenciales como un producto del desgaste del modelo neoliberal, enfatizando el rol de la protesta popular como una forma de accountability social (Peruzzotti y Smulovitz 2002). 

O sea que paradójicamente los Parlamentos se desvanecen y pierden significación en la normalidad democrática de los regímenes presidencialistas, pero al mismo tiempo emergen como una “última reserva de institucionalidad” que cobra protagonismo y ayuda a resolver las situaciones de crisis sin quebrar el régimen democrático.

Aunque volveremos sobre la importancia de este rol de “última reserva de institucionalidad” del Poder Legislativo, interesa identificar las causas que contribuyen a conformar un estado de desvanecimiento de los Parlamentos en la “normalidad democrática, entre ellas:

a)    las amplias facultades del presidente para determinar el desarrollo económico y la planificación, la política fiscal, las obras públicas, las políticas sociales y la creación y el manejo de las empresas públicas;

b)    las estructuras de clientelismo político;

c)     la consolidación de burocracias estatales ineficientes;

d)    los altos niveles de corrupción; y

e)    la extendida aplicación del estado de excepción por parte del Poder Ejecutivo con limitaciones al parlamento.

Un párrafo particular merece el estado de corrupción que impera en buena parte de las repúblicas latinoamericanas y el impacto que el presidencialismo fuerte y el modo de elegir a los parlamentarios tienen, según la estudiosa del fenómeno de la corrupción Rose-Ackerman (1999) “de acuerdo con los estudios estadísticos, la peor combinación, la que más alienta la corrupción, es la de un sistema político basado en un presidente con amplios poderes y legisladores elegidos por un sistema de representación proporcional”[2].

En este marco condicionante de causas externas a los cuerpos parlamentarios, resulta prácticamente imposible que el Poder Legislativo desarrolle sus funciones propias de control del Gobierno, de legislación y de representación. Ya que a las condiciones de entorno que dificultan la consolidación de la función parlamentaria, se suman problemas propios de los cuerpos colegiados, tales como:

a)    la calidad de la representación;

b)    la falta de liderazgo institucional de los Parlamentos;

c)     la falta de discusión de los temas centrales de la agenda social;

d)    la disciplina de voto;

e)    Los altos niveles de corrupción; y

f)      el canje de leyes a cambio de favores políticos.

Alberdi describía, en sus escritos, una América del Sud signada por la anarquía y los desafíos caudillescos que sucedieron a la ruptura con la corona española en el nacimiento de las repúblicas; sin embargo, el hiperpresidencialismo se ha afianzado hoy como característica propia del ejercicio del poder en la región, al punto  que se ha constituido en la forma natural de funcionamiento de las democracias latinoamericanas.

La libre confrontación de las ideas que surge del inmenso ámbito de la libertad - cuyo espacio natural en la democracia es el Parlamento - la oposición responsable y crítica hacia medidas de gobierno, la proposición de acciones o proyectos alternativos, no sólo son actos legítimos, sino enriquecedores para una sociedad democrática que lo sea de verdad. Por tanto, no hay que temerlos, sino exigirlos.

En ese temerario y temible impulso de los gobiernos de la región por devaluar las funciones parlamentarias se van desvaneciendo las importantísimas funciones parlamentarias que agregan valor y calidad a la democracia:

.1 Función de control del Gobierno

La función de control parlamentario, propio de la República, es uno de los principales estorbos para el abuso de poder que caracteriza al hiperpresidencialismo. Para limitarlo, o directamente eliminarlo, el Poder Ejecutivo cuenta con importantes ayudas; entre otras: mayorías parlamentarias que responden al gobierno y se convierten en correa de transmisión para avalar automáticamente sus decisiones; la tendencia de los medios de comunicación a devaluar la función parlamentaria y la desvalorización ciudadana del rol de los parlamentarios y de los parlamentos; la propia incapacidad de quienes dirigen e integran los cuerpos parlamentarios para revertir su desprestigio político y social.

El generalizado incumplimiento de esta función de control se evidencia en la ausencia de la oposición legislativa en los órganos relevantes del Parlamento. En esos órganos la minoría no es aceptada, o solo está presente en aquellos casos en los que sus decisiones pueden ser aplastadas por la mayoría.  

.2 Función Legislativa

Al convertir al Parlamento en un órgano de ratificación automática de los proyectos del Gobierno esta función queda totalmente desvirtuada. De forma que el Parlamento propiamente no legisla sino que ratifica las propuestas legislativas del Gobierno, dando cobertura formal y legitimada a decisiones tomadas fuera del ámbito parlamentario.

Son escasos los proyectos de ley propios de legisladores del Congreso que finalmente resultan sancionados, comparados con las iniciativas legislativas del Gobierno. Salvo contadas excepciones no se da un verdadero debate de los proyectos de ley, sino una lisa y llana imposición de la mayoría en su votación y aprobación de textos que la mayoría de las veces vienen ya atados y ultimados desde las esferas de poder del  Ejecutivo.

También en la legislación extraordinaria la mayoría parlamentaria consiente el abuso de la función legislativa por parte del Gobierno. El abuso de “la  excepción”  vulnera el espíritu de la democracia y los términos estrictos y excepcionales de los preceptos constitucionales habilitantes de las competencias legislativas del Gobierno. A su vez, el Poder Judicial completa el marco del abuso convalidando ese accionar al ignorar los  recursos judiciales que sectores de oposición plantean contra esta modalidad operativa de los gobiernos.

Si bien sólo en tres países de la región el presidente posee la facultad de emitir decretos-leyes: Argentina, Brasil y Perú, a la lista habría que sumar a Venezuela, donde ya no importa tanto la reglamentación formal pues Hugo Chávez controla la totalidad de la Asamblea Legislativa y en Colombia, el presidente debe declarar antes el estado de emergencia, pero aun así, en la mayoría de los países se las arreglan para la generación de legislación extraordinaria que otorga mayores poderes al Ejecutivo. Como ya ha sido mencionado, bajo formas diversas, un gran número de países de la región se han convertido en claros ejemplos de la concentración del poder en el Ejecutivo. 

.3 Función Representativa

La cuestionable calidad de los sistemas electorales, el clientelismo político, las nuevas técnicas de marketing político, la dilución de las estructuras ideológicas de los partidos políticos, la constante irrupción de intereses económicos para sostener candidatos afines a sus necesidades, son sólo una parte del complejo de causas que desafían la calidad de la representación de los parlamentarios y constituyen una fuente adicional para el descrédito de los Congresos y de sus integrantes.

Por otro lado la dilución de las estructuras políticas y la inexistencia de líneas de acción y de control definidas, por parte de los partidos políticos, generan una situación en la que los legisladores quedan librados a su propio criterio y a las corrientes de presión política, social y económica que el poder despliega.

No es ajena al desvanecimiento de esta función, la crisis de los partidos políticos que , como sosteníamos en nuestro informe del IDD-lat 2005, “…. son esenciales en el reclutamiento y en la selección de candidatos para los cargos de elección popular, en la organización del proceso electoral, en la consecución del apoyo político necesario para determinados programas de políticas públicas, en la agregación de los intereses y en las preferencias ciudadanas, en la conformación de los gobiernos, y en los acuerdos producto del trámite legislativo. Adicionalmente, resultan indispensables para el ejercicio de la oposición a las estructuras formales de gobierno….. Así, los partidos están encargados de canalizar y recoger las distintas expresiones políticas existentes en una sociedad compleja, para llevar los intereses ciudadanos a las instancias decisorias…… Sin embargo, buena parte de los ciudadanos latinoamericanos tiene la plena convicción de que son una herramienta accesoria, cuando no inútil para la vida en democracia”.

A su vez, la fragmentación se constituye en otro escollo tanto para la gobernabilidad como para el control “La presencia de bancadas de partidos más o menos disciplinadas al interior del órgano legislativo contribuye en forma significativa al desarrollo de los programas de gobierno. De igual manera facilitan el ejercicio de una oposición crítica y coherente frente a las iniciativas gubernamentales, fortaleciendo así el funcionamiento del sistema político democrático. Por el contrario, la existencia de partidos fragmentados e indisciplinados hace difíciles las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, en la medida en que el legislativo en su conjunto es incapaz de emprender acciones colectivas que equilibren los poderes del presidente. La fragmentación puede incluso provocar que se llegue a situaciones de parálisis institucional e inmovilismo político o a que el presidente tenga que recurrir a negociaciones individuales y poco transparentes para sacar adelante programas de gobierno.”, decíamos en aquel mismo informe advirtiendo sobre la necesidad de recuperar la fortaleza de los partidos como medio para ayudar a la recuperación institucional de la democracia. 

.4 ¿Una nueva función: última reserva de institucionalidad? 

Pero no todo es negativo en este balance, ya que en el marco de la ruptura institucional que varios países sufrieron en años recientes, los parlamentos han jugado un rol importante. La concentración presidencialista es sucedida a veces por procesos de vacío institucional que solo pueden ser cubiertos por un rescate de la institución parlamentaria que resurge entonces como elemento fundamental de la reconstrucción institucional, al punto que este fenómeno empieza a ser considerado positivamente en ámbitos académicos. Como señala Bosoer[3], en el período comprendido entre inicios de 1999 y fines de 2001, un grupo de países sudamericanos vivieron procesos traumáticos de recambio gubernamental, colapsos momentáneos de su aparato estatal y una alta inestabilidad social que encontraron resolución dentro del sistema democrático. Son los casos de dos países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones -Perú y Ecuador- y de dos países miembros del Mercosur –Argentina y Paraguay-.

En los cuatro casos, señala Bosoer se dieron similares patrones de salida institucional a la crisis de la sucesión presidencial: gobiernos surgidos del acuerdo parlamentario completaron los períodos interrumpidos por la salida intempestiva de estos mandatarios. En Ecuador, asume el vicepresidente Gustavo Noboa y completa el período hasta las elecciones que proclaman al coronel Lucio Gutiérrez, en noviembre 2002. En Perú, Argentina y Paraguay asumen gobiernos presididos por una figura parlamentaria, Valentín Paniagua, Eduardo Duhalde y Luis González Macchi, que completan mandatos interrumpidos de manera traumática, y garantizan elecciones presidenciales limpias de las que surgen las presidencias de Alejandro Toledo (julio 2001), Néstor Kirchner (mayo 2003) y Napoleón Duarte Frutos (agosto 2003) respectivamente.

Las fórmulas de reemplazo que sobrevienen al derrumbe se definen como una forma híbrida de sistema presidencial con base parlamentaria y componentes variables de parlamentarismo en el funcionamiento del sistema político, con una búsqueda de nuevos equilibrios en el aspecto económico-social.

Bosoer rescata las “capacidades de autotransformación” de los regímenes democráticos, incluyendo tanto su “piso”, esto es, el resguardo de sus condiciones mínimas de existencia, como su “techo”, esto es, el mejoramiento de su calidad institucional, la expansión de la ciudadanía y el fortalecimiento de la noción de desarrollo democrático.

Sin embargo, pese a la fundamental importancia de este resurgir parlamentario ante el vacío generado en la caída de los presidentes, en la instauración de un régimen de transición y en el dictado de leyes de excepción que ayudan a resolver la emergencia, no puede obviarse la responsabilidad de la institución en el proceso previo a la crisis y en el tácito consentimiento al proceso de desencanto institucional y político que precedió al estallido en cada uno de los países mencionados.

En definitiva, por importante que resultare en adelante este rol de última reserva de la institucionalidad en tiempos de crisis, ni el sistema democrático ni el Poder Legislativo han sido concebidos y diseñados para la resolución de esas situaciones de emergencia, sino para viabilizar la negociación y los acuerdos necesarios para evitarlas, y para establecer un camino de normalidad y tranquilidad hacia el desarrollo democrático, y es allí donde está la raíz del problema que denunciamos. La responsabilidad de los actores fundamentales del sistema democrático es sostener la normalidad de las instituciones y no debiéramos felicitarlos por recuperarlas penosamente, en umbrales inferiores de ciudadanía y desarrollo democrático y mediante mecanismos de excepción que vulneran el espíritu de las leyes y facilitan peligrosamente la concentración de atribuciones en pocas manos. 

Resultados del “desvanecimiento” del Parlamento

Si bien no es causa única y excluyente de los problemas de gobernabilidad ni de la baja calidad institucional de las democracias en la región, el progresivo desvanecimiento de los Parlamentos, que resulta de sociedades altamente fragmentadas y de partidos políticos debilitados, genera profundas deficiencias  en  el  funcionamiento interpoderes, promoviendo la confrontación política y facilitando la personalización del poder.

En un contexto de aparente fortaleza del Ejecutivo, la ausencia de controles y contrapesos se convierte inevitablemente en la razón de su propia vulnerabilidad. Sumado al creciente entorno de exclusión de ciudadanía (pérdida de derechos y libertades) para vastos sectores de la sociedad (los opositores), que el régimen va instaurando paulatinamente, los partidos políticos y los congresistas funcionan por separado, mantienen sus perspectivas individuales o de grupos muy pequeños en los procesos electorales, y progresivamente encuentran más incentivos para apostar al fracaso del gobierno y a la inestabilidad del sistema democrático.

En el proceso de concentración de poderes en torno a la figura presidencial y de desvanecimiento del rol parlamentario, se observan resultados que terminan afectando al propio proceso democrático, a la calidad institucional y al libre ejercicio de libertades civiles y derechos políticos:

a)    Deterioro de la calidad de la representación parlamentaria (solo acceden quienes están de acuerdo con el poder político de turno o cuentan con la capacidad económica para dar la batalla electoral).

b)    Desaparición de las funciones de control interpoderes.

c)     Pérdida de calidad en la generación y/o discusión de ideas alternativas a las planteadas por el Ejecutivo.

d)    Se profundiza la tendencia a la licuación de los partidos políticos y a su funcionamiento como meras maquinarias electorales que funcionan en torno a personalismos y a la capacidad económica de los actores políticos.

e)    Las opciones de sometimiento o exclusión que se manejan desde el poder, generan un clima de violencia en la acción política con posiciones irreconciliables, sin diálogo, sin consensos, que también se transmite como cultura política al conjunto de la sociedad.

f)      Se suceden, en un círculo vicioso, períodos de alta concentración de poder político con otros de vacío institucional que se resuelven mediante mecanismos de excepción, y pueden fácilmente germinar en nuevos procesos de concentración del poder.

g)    Se acentúa la fragmentación de la sociedad política y de la sociedad civil, enfrentando a actores sociales que se necesitan mutuamente para planificar, coordinar y/o ejecutar políticas de largo plazo.

h)    Todo ello se traduce en una pérdida de oportunidades para los países, tal el caso de la presente coyuntura económica internacional, excepcionalmente favorable para los países emergentes.

La preocupación que vastos sectores sociales, políticos y académicos expresan sobre esta situación ha llevado a varios países a buscar soluciones mediante reformas legales o constitucionales. Sin embargo, las múltiples reformas de diverso signo político no parecen haber introducido mejoras significativas. Por el contrario, quienes se aferran al marco institucional previo y buscan optimizar su funcionamiento mediante reglas básicas de convivencia política y social, centradas en la discusión de políticas de largo plazo y en la generación de consensos mínimos, logran resultados  que ningún nuevo atajo institucional ha logrado hasta el presente.

Extendiendo el pensamiento de Karl Loewenstein (1979) que sostiene que “una constitución ideal no ha existido jamás, y jamás existirá”, podríamos afirmar que una institucionalidad democrática ideal no existe ni existirá. Por el contrario, abundan los ejemplos de países que, detrás de la búsqueda de una supuesta perfección institucional, han construido y consentido regímenes de supresión de libertades, restricción de derechos y abuso de poder.

¿Nuevos instrumentos con peores resultados?

Los tres países que desde hace años lideran nuestro Índice de Desarrollo Democrático: Chile, Uruguay y Costa Rica, son el mejor ejemplo institucional y político de una senda de desarrollo sin estridencias y sin pausas – que no escapa a la razonable adecuación a los requerimientos que la realidad impone y, lógicamente, no exenta de problemas – pero que demuestra claramente que la búsqueda de la optimización, mediante reformas institucionales o constitucionales, no resulta el mejor camino. Por el contrario, el acuerdo social y político, la búsqueda de consensos en base al diseño institucional existente, la profundización de la cultura ciudadana e institucional que está vigente, la actitud de no engañarnos con nuevos diseños que vendrían a resolver “mágicamente” los desacuerdos existentes en el seno de la sociedad y la prevalencia de los personalismos en la clase dirigente, parecen indicar un camino racional al alcance da la mano para todos los países de la región.

Como señalamos en informes anteriores, uno de los obstáculos principales para lograr transitar ese camino racional, reside en las expectativas insatisfechas de sociedades que, a su vez, han sido convencidas por dirigentes irresponsables de que son merecedoras de mayores riquezas y beneficios, que les han sido injustamente negados hasta el presente, y que el sólo dictado de un decreto, una ley o una constitución, podrá resolver la ausencia de una trama de acuerdos e intereses comunes, necesarios para alcanzar el desarrollo.

A su vez el fortalecimiento hasta el absurdo del Poder Ejecutivo nos acerca inexorablemente al abismo del sistema institucional, ya que como sostenía el Barón de Montesquieu, “cuando se busca tanto el modo de hacerse temer se encuentra siempre primero el de hacerse odiar”. Pero lo paradójico es que ese proceso se va dando progresivamente y con escasas reacciones del cuerpo social, al decir de O’Donnell (2.000) “Un día uno se despierta y se da cuenta de que las libertades políticas básicas de la democracia política han sido abolidas de hecho, no necesariamente de derecho. Empiezan a pasar cosas que son casi moleculares, el sistema legal funciona sesgadamente, los jueces miran para un solo lado, se condona la violencia sobre gente que no merece consideración….. Los actores políticos y los liderazgos sociales miran para otro lado, como si fuera algo que no les atañe……y ese pequeño pero importante espacio de libertades que define a la democracia política, en lugar de haber sido suprimido por un alzamiento militar, se fue perdiendo en un proceso más o menos largo. Pero las consecuencias no son menos perversas”. Ese proceso progresivo de deterioro de la democracia se sucede sin pausa hasta que llega el momento del declive del régimen autoritario instaurado y –con mayor o menor grado de conflictividad- se inicia la búsqueda de un nuevo equilibrio con la restauración de leyes, derechos y libertades.

Volvemos a Montesquieu para recordar que la “republicana” división de poderes es garantía de gobierno limitado y libertad personal: porque los tres poderes encargados respectivamente de hacer las leyes, de obligar a todos a cumplirlas, y de juzgar acerca de su aplicación, se contienen y equilibran unos con otros, facilitando el ejercicio de libertades, derechos y obligaciones necesarios para el desarrollo de la democracia, generando el entorno institucional y político para el desarrollo integral de las sociedades.

Como un ejemplo de los efectos indeseados de los procesos de reforma encarados en la región, ha sido muy popular entre las realizadas durante las últimas décadas, la instauración de la segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales, sin embargo, el politólogo Mark P. Jones (1994) demuestra que los presidentes electos por una simple pluralidad, en un sistema sin segunda vuelta, tienden a tener mayor apoyo parlamentario que los que fueron electos en segunda vuelta. El presidente –sostiene- podrá contar con apoyo mayoritario después de la segunda vuelta, pero no tiene garantía de tener apoyo parlamentario efectivo para gobernar. Y por si esto fuera poco, y para agravar aún más la situación, la mayoría presidencial producida en una segunda vuelta es, por su naturaleza, una mayoría ficticia, producto de un sistema político de suma cero, que crea un solo líder y, como hemos podido constatarlo vez tras vez, esta mayoría ficticia puede ser enormemente peligrosa y contraproducente. Los presidentes así electos pronto se olvidan de que lo son con el apoyo real de menos de la mitad de los ciudadanos, de que llegaron al poder gracias a votantes que no los apoyaron en la primera vuelta, muchos de los cuales los consideraron sencillamente el mal menor[4].

Arturo Valenzuela (1998) observa el sentido paradojal de esta situación y sostiene que cuanto más se impone el mandatario, más se desincentiva la estructuración de un respaldo eficaz entre partidos y grupos celosos de su autonomía y sus perspectivas electorales futuras, agravando la tensión y dando la imagen de una crisis permanente en el sistema político. “Se podría incluso sostener que en América Latina ha existido una correlación inversa entre el poder del presidente y el éxito del sistema presidencial. Cuanto más fuerte ha sido el presidente, más débil y confrontacional ha sido el régimen presidencial”.

A la luz de los resultados de la historia democrática reciente en la región, entonces, las sociedades latinoamericanas deberán cuestionarse si no ha llegado la hora de volver a los fundamentos de la democracia, a la definición de esquemas institucionales simples, a la revalorización del rol del Parlamento y la Justicia, a eliminar visiones excluyentes y autoritarias del camino hacia el desarrollo democrático, instrumentando procesos perdurables de concertación.

Citas y  Referencias

¾        Amorim Neto, Octavio y Tafner, Paulo, 2000: Presidencialismo brasileiro: delegaçao, coordenaçao e conflito – El Gobierno en América Latina ¿Presidencialismo o Parlamentarismo? Valadés, Diego y Serna de la Garza, José María, Coordinadores - Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM - México

¾        Arias César, 2004: ¿Fortalecer o parlamentarizar el presidencialismo? - Seminario "Hacia el Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática: situación y perspectivas del presidencialismo y el parlamentarismo en América Latina" - Washington, D.C.

¾        Arias César, 2004: Situación y perspectivas del presidencialismo y el parlamentarismo en América Latina. Revista internacional de gobernabilidad para el desarrollo humano, Nº. 13

¾        Bosoer Fabián, 1999-2003: el auto-rescate de las democracias sudamericanas Una hipótesis sobre la eficacia del “componente parlamentario” - Universidad de Buenos Aires-FLACSO

¾        Fundación Konrad Adenauer – Polilat.com, 2004: Indice de Desarrollo Democrático de América Latina IDD-Lat

¾        Fundación Konrad Adenauer – Polilat.com, 2005: Indice de Desarrollo Democrático de América Latina IDD-Lat

¾        Fundación Konrad Adenauer – Polilat.com, 2006: Indice de Desarrollo Democrático de América Latina IDD-Lat

¾        González Pedrero Enrique, 1999: Reflexiones sobre el presidencialismo en América Latina – El Gobierno en América Latina ¿Presidencialismo o Parlamentarismo? Valadés, Diego y Serna de la Garza, José María, Coordinadores - Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM - México

¾        Loewenstein Karl, 1979: Teoría de la Constitución, Barcelona.

¾        Nohlen, Dieter y Fernández Mario, 1998: "El presidencialismo latinoamericano: evolución y perspectivas", en Nohlen, Dieter y Fernández Mario (comps.), El presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina , Caracas, Nueva Sociedad

¾        O´Donnell Guillermo, 2000: Diario Página 12, Buenos Aires, 15 de octubre de 2000.

¾        Rose-Ackerman, 1999: Corrupción y gobierno: causas, consecuencias y reforma.

¾        Serna de la Garza, José María, 1999: Consolidación democrática y nueva institucionalidad en América Latina. El Gobierno en América Latina ¿Presidencialismo o Parlamentarismo? Valadés, Diego y Serna de la Garza, José María, Coordinadores - Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM - México

¾        Valenzuela Arturo, 1998: Presidencialismo y Parlamentarismo en América Latina - Colección Temas de la Democracia - Serie Conferencias Magistrales. , México, Instituto Federal Electoral.