MEMORIA DEMOCRATICA

GUATEMALA

Por su impacto económico, social y político, en el primer semestre de 2005 sobresalió el tema de la violencia producida por pandillas juveniles. Violencia que también se caracterizó por el despojo de la propiedad y el asesinato de quienes se resistieron a “tributar” en moneda. El poder demostrado por las pandillas juveniles fue de tal alcance, que se tuvo una percepción generalizada de que las Fuerzas de Seguridad habían perdido el control de las “maras” y el crimen organizado en los primeros meses del año. Los responsables de dirigir las Fuerzas de Seguridad reconocieron la presencia en el país de carteles del narcotráfico, aunado a la debilidad, en ese entonces, del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica - SAIA, que careció de suficientes recursos humanos, materiales, armas, comunicaciones, medios de transporte terrestre y aéreos. De manera paralela, se denunció la existencia de un plan de “limpieza social” contra los pandilleros, luego del asesinato de cinco jóvenes quienes supuestamente eran integrantes de las denominadas maras. Las pandillas juveniles son también las principales víctimas de homicidios, por disputas entre sus grupos, o por “limpieza social”, que se hace con la tácita aceptación de las autoridades y de la sociedad.

En ese contexto, el Partido Patriota (PP) propuso a los jefes de bancada la aprobación de una Ley Antimaras, que incluyera mecanismos para su rehabilitación. La iniciativa fue detenida en el Legislativo. Ante el escenario vulnerable de la seguridad ciudadana, el Consejo Asesor de Seguridad (CAS) propuso la necesidad de constituir una Guardia Nacional para integrar a los elementos policiales y castrenses, pero el modelo de seguridad necesariamente tendría que incluir la disolución del Ejército, decisión que para el Gobierno no cabe dentro de su agenda actual.

El reto del gobierno para romper con el fenómeno criminal en todas sus manifestaciones, pasó por esfuerzos en diferentes dimensiones: el legal con la aprobación de leyes que siguen pendientes en el Congreso; la transparencia del financiamiento a los partidos políticos, que muchas veces interactúan con los violentos para su propio provecho; la vigilancia social e institucional a la integridad de las personas en los puestos públicos y en las candidaturas; y la modernización y fortalecimiento de los sistemas de justicia y penitenciarios para hacerlos efectivos.

El tema de la ratificación del tratado comercial de Centroamérica con los EUA, por parte del Congreso de la República, produjo un escenario de rechazo social. El 25 de febrero, el Presidente Oscar Berger entregó al recinto Legislativo el texto para su estudio y ratificación, que se esperaba se hiciera el 18 de marzo, previendo reacciones por parte del movimiento social que ya venía expresando su rechazo al TLC. Empero, al tener información de la disposición de las expresiones de la sociedad a hacer todo lo posible por evitar la ratificación, el Ejecutivo, en común acuerdo con el presidente del Congreso, se abocaron a aprobarlo el 10 de marzo.

Con el respaldo de miles de manifestantes, la Mesa Global entregó al Congreso un pliego de peticiones con más de 25 mil firmas, entre los puntos solicitados estaba la no aprobación del acuerdo comercial. El 9 de marzo se intentó aprobar el acuerdo de urgencia nacional, sin que se lograran los votos necesarios para ello (105 de 158). Muchos de los diputados no estuvieron presentes por temor a la presión social. Sin embargo, el día 10, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitó dispensar el debate para aprobarlo de urgencia nacional. Esta fue aceptada, ratificándose el texto comercial por 126 votos de 158 legisladores. La respuesta no se hizo esperar durante los cinco días siguientes. Al igual que en Honduras, El Salvador y Nicaragua, el estudio y debate del contenido del contenido comercial brilló por su ausencia. Hecho que le produjo al mandatario Oscar Berger y a los partidos políticos que lo aprobaron un serio desgaste y desprestigio político.

El vicepresidente de la República, Eduardo Stein, reconoció que los EUA le había impuesto a Guatemala la negociación del tratado de libre comercio, subrayando que el mismo había sido convenido con la anterior administración de gobierno, deslindando de esa manera toda responsabilidad sobre el impacto económico y social futuro.

En el Congreso, a principios de año, y ante la presión social que manifestó su oposición al incremento salarial de los Diputados de Q10 mil, aprobados en el período de receso al final del 2004, hubo que dar marcha atrás. El temor de los legisladores se debió a la consigna de los opositores de avanzar en la depuración del Congreso. Nineth Montenegro, Diputada por el grupo Encuentro por Guatemala, haciéndose eco de la demanda social y de algunos grupos económicos, presentó una iniciativa para reducir el número de legisladores. En consecuencia, el Gobierno debería convocar a una Asamblea Constituyente, objetivo que fue anulado por el Vicepresidente de la República, Eduardo Stein, subrayando que de ninguna manera convocarían a la misma.

Un largo proceso de meses de cabildeo de Jorge Méndez Herbruger, presidente del Congreso, respaldado por el partido oficialista Gran Alianza Nacional (GANA), para que se reeligiera al frente de la Junta Directiva de ese alto Organismo de Estado para el período 2006, concluyó el 25 de octubre con el voto favorable de 85 diputados. GANA, el Partido de Avanzada Nacional (PAN), bloque Integracionista; Desarrollo Integral Auténtico (DIA), el Partido Unionista (PU) y los tres legisladores de Encuentro por Guatemala, fueron los partidos y grupos que lo ungieron como jefe del Legislativo para el tercer período de la actual administración de Gobierno.

La composición de la nueva Junta Directiva incluyó a 4 legisladores de GANA; 2 del PAN; 2 Integracionistas; y 1 Unionista. Directiva que refleja cuantitativamente el peso político de los partidos que la integran. La presencia de los Integracionistas en la nueva Junta Directiva fue la única novedad, bloque que tiene una de las características del Partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), por lo que la incorporación busca darle un nivel de estabilidad a la producción legislativa del 2006, particularmente las que son de su interés y del Ejecutivo. La nueva composición dejó fuera al PP que había venido respaldando las propuestas del partido oficial y del Ejecutivo. Fuerza política que seguramente mantendrá posiciones pragmáticas, respecto a estos actores políticos, pero sin descartar acuerdos más sólidos con el centro político y la izquierda, siempre que ambas tendencias logren avanzar en la concreción de una coalición de fuerzas políticas en camino hacia el 2007.

No obstante estas interpretaciones, en el Legislativo ha habido una constante: el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) han venido respaldando las iniciativas del oficialismo, por lo que no debiera esperarse algo diferente durante el 2006, que es un año netamente preelectoral. Aunque la alianza de centro izquierda podría proyectar a la UNE a ser la bancada sobre la que gire una oposición realista, que hasta el momento no se ha hecho presente. La vulnerabilidad de ambas agrupaciones, particularmente el FRG, ha impedido la construcción de un escenario de oposición.

El año 2005, cerró con un crecimiento de la actividad económica del 3.2% en términos reales. Este comportamiento se fundamenta en un entorno externo favorable, que fue consecuencia de la recuperación de Estados Unidos (principal socio comercial de Guatemala), y a una recuperación de la economía interna, producto de la estabilidad macroeconómica y mejores expectativas de los agentes económicos. No obstante, resta generar un mejor clima para invertir, ya que las inversiones tienen mucho que ver con la percepción del país, donde Guatemala no lleva las de ganar debido a sus niveles de inseguridad ciudadana, y a la ausencia de incentivos para la inversión.

Entre las metas para lo que resta del gobierno resaltan temas de la agenda social, los pueblos indígenas y la conflictividad agraria. Sobresale, obviamente, la meta de reducir la pobreza de 2.3 millones de personas a 500 mil, al terminar el mandato. Para ello se plantea un enfoque de toda la administración a la agenda social y la implementación de políticas encabezadas por el programa Creciendo Bien de la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia.