MEMORIA DEMOCRATICA

NICARAGUA

Durante todo el 2004, el gobierno, el FSLN y el PLC habían intentado concretar el llamado al diálogo nacional para intentar resolver los conflictos, y finalmente el 12 de enero de 2005 el Presidente Enrique Bolaños, el Secretario General del FSLN Daniel Ortega, y el PLC suscribieron el “Acuerdo por el Diálogo Nacional”. el Cardenal Miguel Obando y Bravo y Jorge Chediek (Coordinador residente de UN) estuvieron presentes como garantes. El acuerdo establecía tres agendas: una coyuntural; una segunda, de reformas institucionales y una tercera, que correspondía al desarrollo económico y social del país. Sin embargo, el Diálogo aparecía como básicamente inestable, ya que dependía claramente del posicionamiento político y de la correlación de fuerzas de sus protagonistas, que podía cambiar en cualquier momento y por cualquier situación.

Después de sobrevivir a través de pactos “intermitentes” —en un momento con el PLC, en otro con el FSLN—, y de la aprobación de las leyes económicas que aseguraran un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente Bolaños logró sobrevivir a un año en que la crisis política que vivía Nicaragua amenazaba con terminar con su gobierno. Los orígenes de esa situación se remontaban a agosto de 2002, cuando los esfuerzos de Bolaños por combatir la corrupción terminaron enfrentándolo directamente con su antecesor, Arnoldo Alemán Lacayo. Alemán fue condenado a veinte años de cárcel, pero en el proceso Bolaños perdió el apoyo del oficialista Partido Liberal, controlado con puño de hierro por el ex mandatario. Bolaños se convirtió así en un presidente sin partido, que sin embargo no desistió en su empeño por impulsar importantes reformas institucionales.

Esta vocación reformista se tradujo, al poco tiempo, en un enfrentamiento directo con las principales fuerzas políticas del país, el Partido Liberal y el opositor Frente Sandinista, a los que el Presidente acusó de pactar para consolidar su control sobre los diferentes poderes del Estado. Aprovechando su control conjunto sobre la Asamblea Nacional, sandinistas y liberales acordaron reformar las estructuras directivas de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la Republica, y colocaron en los puestos claves a cuadros leales a las orientaciones partidarias. Posteriormente, y bajo el criterio de que el Parlamento es el único representante legítimo de los intereses populares, los denominados "partidos del pacto", también, iniciaron el proceso de aprobación de unas reformas constitucionales que reducían drásticamente las competencias del poder ejecutivo. La medida fue denunciada el 9 de diciembre de 2004 por el Presidente Bolaños como el equivalente de un golpe de Estado. "La Asamblea Nacional pretende cambiar la Constitución para crear un nuevo régimen. Se está gestando, pues, un Golpe de Estado Constitucional. Se pretende el regreso de otra dictadura", declaró en esa oportunidad el Presidente.

Superada con intervención internacional aquella situación, una nueva etapa crítica empezó el 30 de Agosto de 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución ratificando la validez de las reformas constitucionales. Pero el Ejecutivo, amparado en una resolución anterior de la Corte Centroamericana de Justicia, se negó a acatar el fallo de un poder judicial que consideraba corrupto y al servicio de los intereses partidarios. La Asamblea Nacional, en respuesta, anunció que procedería a discutir un posible desafuero de Bolaños, para que el mandatario sea enjuiciado por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral. Flanqueado por sus colegas centroamericanos, Bolaños respondió con dureza anunciando que cualquier intento para acortar su período sería considerado como el equivalente de un golpe de estado.

Integrantes del gabinete fueron desaforados por el Parlamento, llevando a cinco el total de los funcionarios del poder ejecutivo que debieron responder a los tribunales por supuestas irregularidades en la pasada campaña electoral.

La renuncia del vicepresidente José Rizo Castellón complicó aún más la situación. La separación de Rizo de su cargo, sin embargo, no estuvo directamente relacionada con la crisis política que enfrentaba a los poderes ejecutivo y legislativo, a pesar de que el funcionario se había apartado de Bolaños y casi no era tomado en cuenta para los asuntos de Estado. Rizo renunció para poder luchar por la nominación como candidato presidencial del partido Liberal, y para dar cumplimiento a una disposición legal que obliga a los candidatos a renunciar a cualquier cargo público por lo menos con un año de anticipación.

Como preparación hacia las elecciones del 2006, el surgimiento de dos nuevas alternativas políticas que se ubicaron en los primeros niveles de preferencia del electorado, fue uno de los fenómenos políticos más positivos del 2005, y reflejaron el cansancio hacia el caudillismo en el PLC y el FSLN. Según la última encuesta de CID Gallup del año 2005, el ex alcalde Herty Lewites, que todo el año había punteado primero en la intención de voto presidencial, logró ubicar a la Alianza Herty 2006 con un 10% de preferencia partidaria a nivel nacional, con lo cual se la podía considerar una tercera fuerza en el país. Algo similar sucedió con la alianza que llevaba como candidato a Eduardo Montealegre, ex PLC.

Por otra parte, en su plan de cancelación de deudas para los países pobres altamente endeudados, el G-8 incluyó a Nicaragua como uno de los 18 países cuya deuda total será cancelada de manera inmediata, con lo que se espera que ello traiga alivio a la situación financiera nacional.