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Tendencias del desarrollo democrático
por país
 
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Panamá
sigue siendo uno de los países con alto desarrollo democrático, y mantiene el
4º lugar en el Ranking regional, pese a que su IDD-Lat descendió casi un 2%
respecto al 2005. Esto se debió principalmente a una baja en la eficiencia
económica y en la Dimensión “Calidad
Institucional y Eficiencia Política”.
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En la
Dimensión II, “Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles”,
los indicadores que la componen se han mantenido estables, salvo el de Género
que ha mejorado levemente.
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En la
Dimensión III “Calidad Institucional y Eficiencia Política”, Panamá ha
empeorado el indicador Percepción de la corrupción y el Factor de
Desestabilización, aunque presenta un mejor resultado en “Accountability”.
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En la
Subdimensión “Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia
Económica”, los indicadores que han tenido un mejor resultado con respecto al
2005 son el de Libertad Económica y el de Endeudamiento. No pasa lo mismo con
los indicadores de Inversión y de PIB per cápita, que presentan peores
resultados.
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En el
resto de los indicadores que tienen que ver con capacidad para generar
políticas que produzcan bienestar, el mejor resultado con respecto al 2005 lo
produjeron los indicadores de Mortalidad Infantil, Desempleo Urbano y
porcentaje de Gasto destinado a Educación. El resto de los indicadores
presentan peores resultados que en el 2005.
MEMORIA DEMOCRATICA
PANAMA
El 2005 había sido anunciado como el año de las grandes decisiones para el
pueblo panameño. Al asumir como presidente, el 1 de septiembre de 2004, Martín
Torrijos había anunciado que durante la primera parte de su mandato pondría en
marcha importantes reformas al sistema fiscal y de Seguridad Social, además de
someter a consulta la ampliación del Canal de Panamá.
Las tres iniciativas anunciadas por Torrijos se encontraban íntimamente
ligadas. Tanto la reforma fiscal como la del sistema de Seguro Social fueron
definidas por el Banco Mundial como condicionantes para colocar al gobierno
panameño como sujeto de crédito; situación de suma importancia para consolidar
los planes de ampliación del Canal, que demandaba una inversión de entre US$5
mil y US$8 mil millones.
Para el mandatario poner en marcha dichas reformas, aunque le representó
desprestigio y confrontación con ciertos sectores del país, fueron importantes
pruebas de su capacidad y habilidad políticas. Impulsar estas iniciativas
apuntaban a que la estrategia del gobierno del Partido Revolucionario
Democrático (PRD) sería la de sortear los tragos amargos en los primeros dos
años de su administración, para que en la segunda parte del mandato pudiera
consolidar una agenda social que le permitiera afianzar su popularidad, con
miras a retener el poder.
Con las decisiones del Ejecutivo el pueblo panameño vivió un año de intensa
actividad. Prácticamente fue un año vivido en las calles, ésto a raíz del
descontento que generaron las medidas en la población y particularmente en los
sectores populares, principalmente ante la reforma del Seguro Social.
Tras haber puesto en marcha en enero la reforma fiscal, y en mayo la del
Seguro Social, y tras la convulsión social que primó durante esos meses; el
mandatario y su equipo de asesores decidieron postergar la convocatoria a un
referéndum (inicialmente programado para el mes de noviembre) para consultar a
la población sobre la ampliación del Canal. La decisión fue tomada por
considerar que el bajo nivel de popularidad del mandatario tuviera repercusión
sobre la decisión de los ciudadanos.
Según los estudios de opinión efectuados por la firma encuestadora Dichter &
Neira, que se publicaron en el diario La Prensa, el presidente inició su gestión
(octubre 2004) con un nivel de aceptación de 79.6%, posición desde donde fue
descendiendo hasta obtener, en junio de 2005, la más baja calificación del
gobierno en el período: 24.2%. Esta estrepitosa caída de su popularidad se
registró durante las semanas que mantuvieron en vilo al país por las intensas
manifestaciones en contra de las reformas al sistema de Seguridad Social.
En un estudio aparte, denominado Aprobación de Mandatarios en América y el
Mundo, publicado en septiembre por la empresa mexicana Consulta Mitofsky, el
mandatario apareció en la posición 16 de 19 presidentes evaluados en el estudio,
con un de aprobación de 34%. Torrijos apareció por debajo de los mandatarios
Antonio Saca de El Salvador (57%); Óscar Berger de Guatemala (46%); Abel
Pachecho de Costa Rica (44%) y Ricardo Maduro de Honduras (35%). El único
mandatario centroamericano con un nivel de aceptación inferior al del presidente
panameño fue Enrique Bolaños de Nicaragua, quién durante el mismo periodo
registró un 29% de aceptación de su gestión.
Un dato político significativo del año fue el restablecimiento de relaciones
diplomáticas con Cuba, rotas desde agosto del año anterior, cuando el gobierno
cubano cortó los lazos diplomáticos con Panamá, a raíz del indulto por parte del
gobierno de Mireya Moscoso a cuatro terroristas de origen cubano, detenidos y
condenados en ese país, entre ellos Luis Posada Carriles, cuya extradición
Venezuela reclama ahora a los Estados Unidos, país en el que Posada Carriles se
encuentra residiendo.
La visita del presidente de los EEUU, George W. Bush, en noviembre, fue otro
dato significativo del año. Durante la visita los temas centrales fueron el
reclamo de Panamá no reconocido por los EEUU acerca de la limpieza de los
polígonos de tiro, que establecía el acuerdo del Canal de Panamá, y el retardo
en la conclusión de los términos del Tratado de Libre Comercio entre ambos
países.
Pese a la convulsión política y social, el crecimiento estimado del Producto
Interno Bruto para el año 2005 fue de 6.4%, lo que constituyó el tercer año
consecutivo de fuerte expansión económica. El impacto negativo que, para la
economía panameña, significó la sustancial suba del precio internacional del
petróleo, fue absorbido por el dinamismo de la economía, que pudo superar esas
dificultades y mantener un alto ritmo de crecimiento.
Pese al crecimiento económico, las tasas de pobreza moderada y extrema casi
no han cambiado, lo cual parece indicar, según un informe del Banco Mundial, que
los elevados niveles de desigualdad de ingresos y los problemas estructurales de
las políticas económicas y sociales impiden que el crecimiento reduzca la
pobreza en el país. Prácticamente 50% de los pobres moderados vive en zonas
urbanas, mientras que la gran mayoría de los pobres extremos vive en comunidades
rurales e indígenas.
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