MEMORIA DEMOCRATICA

REPUBLICA DOMINICANA

2005 será recordado por los dominicanos como un período de grandes retos y desafíos, principalmente en el aspecto económico, debido al zarandeo de la economía mundial que provocaron las alzas del petróleo, la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la renegociación de la deuda externa, las reformas tributarias y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. Pero también ha sido un año matizado por la lucha contra el narcotráfico, juicios contra la corrupción, inseguridad ciudadana, migración haitiana, alianzas políticas y debates sobre la construcción de un Metro para Santo Domingo y una isla artificial.

Los peores momentos, además de la delincuencia que provocó gran inseguridad social y más de mil muertes, se produjeron por los vaivenes de la economía y el encarecimiento de los precios de los carburantes.

A su vez, la severa crisis política haitiana tuvo efectos directos sobre la situación migratoria entre los dos países de la isla caribeña Quisqueya, Bohío o Haití, compartida entre República Dominicana y Haití. El Presidente Leonel Fernández negó las reiteradas denuncias de malos tratos y violaciones de los derechos laborales de los trabajadores migrantes haitianos, al considerar que la prensa internacional a veces dice que en República Dominicana existe un “sistema de explotación laboral de los braceros haitianos, cuando no es así”. Señaló las diferencias en las costumbres y hábitos entre los dos pueblos, lo cual provoca que “los haitianos se establezcan en enclaves en áreas de la producción de caña”. Admitió, sin embargo, que en las repatriaciones de indocumentados haitianos se “violan a veces las normas internacionales”; pero afirmó que la República Dominicana tiene una política de repatriaciones que es un ejercicio de la soberanía nacional.

Se estima que más de 200,000 haitianos, incluyendo dominicanos de ascendencia haitiana, fueron repatriados de la República Dominicana en los últimos 15 años, en el marco de operativos de repatriaciones masivas, donde las víctimas no han tenido la ocasión de presentar su caso ante una autoridad competente para probar su estatus migratorio o legal en el país. El Estado dominicano, hasta la aprobación en agosto del 2004 de la ley 285-04, no había definido claramente su política migratoria para el intenso tráfico de personas entre los dos países de la isla. La ley, cuya constitucionalidad de varios artículos ha sido cuestionada por grupos y organizaciones civiles del área migratoria y de los derechos humanos, está pendiente de aplicación por el reglamento que el Presidente de la República aún no ha firmado.

El periódico “The New York Times” denunció, en un artículo, la implicación de sectores militares dominicanos con el movimiento rebelde armado que precipitó en Haití la caída de Jean Betrand Aristide, un presidente electo democráticamente, en febrero del 2004. Asimismo, fue muy criticada la presencia de tropas de los Estados Unidos del comando sur estacionados en Barahona, ciudad sureña y casi fronteriza con Haití, para lo que suponía pudiera haber sido una operación de apoyo a las tropas de la ONU en Haití en caso de disturbios en las elecciones.

En el período debe destacarse el control de la inflación, después de un año 2004 de gran inestabilidad y a pesar de los incrementos de precio de los combustibles. Al mismo tiempo, se logró reiniciar el crecimiento de la economía. El gobierno cumplió satisfactoriamente todas las metas y topes cuantitativos establecidos en el acuerdo con el FMI, lo que contribuyó al mantenimiento de la estabilidad y la confianza.

Los indicadores económicos mostraron mayor estabilidad, destacándose la apreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense y la disminución de la inflación. Aunque a finales del tercer trimestre del 2005 se manifestaron posibles alzas en los indicadores financieros. Se estimaba que su Producto Interno Bruto nominal excediera los RD$ 800 mil millones o US$ 28 mil millones en 2005, y un Poder de Paridad Adquisitiva con auge de un 5%, afianzándole como la primera economía de la zona Centroamericana (inmediata después de Puerto Rico, 38 mil millones de dólares). Y adjunto a este , sobresalió un factor que determinará el futuro del PIB de RD, y este era el actual CAFTA-RD, que es un tratado de libre comercio que el gobierno dominicano está gestionando con los Estados Unidos y América Central.

El comportamiento económico tenía relación con las medidas de austeridad dispuestas por Fernández, consistentes en la reducción en un 20% de los gastos del Estado, la supresión de cargos superfluos en el Gobierno y la administración, y un control estricto del endeudamiento con la banca local. También el presidente instó al Congreso a que diera luz verde a un paquete de gravámenes, de entre el 10% y el 20%, sobre el tabaco, el alcohol y el consumo telefónico. La reforma fiscal fue reclamada por el FMI para reanudar su asistencia crediticia, y Fernández expuso que, de acuerdo con las estimaciones del Fondo, para lograr la estabilidad de la economía nacional se requería un ajuste fiscal del 4% del PIB, equivalente a 30.000 millones de pesos (750 millones de dólares). De ese 4%, el 2,5% correspondería al ingreso tributario extra y el 1,5 saldría de la austeridad en el gasto corriente y de la reducción de subsidios.

Pese a los anuncios de austeridad, diversas ONGs denunciaron que durante el año 2005 se habían multiplicado los funcionarios públicos onerosos, tales como los cónsules y vicecónsules, los Ayudantes Civiles de la Presidencia, los subsecretarios de Estado y Secretarios de Estado sin Cartera. Esto evidencia, aseguraban, que el sistema político dominicano continuaba caracterizándose por el clientelismo, el populismo y el rentismo.

Como hecho saliente, se destaca la aprobación, por parte de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, el 28 de julio del 2005, del CAFTA-RD, el Tratado de Libre Comercio, firmado luego por el Presidente de Estados Unidos el 2 de agosto de 2005. Este acuerdo ha generado opiniones divididas en la población con respecto a si beneficiará o perjudicará a productores locales y a la población en general.