Llegamos al mes del Centenario de la Revolución sin estar precedidos del ánimo de festejo, como relativamente lo estuvo el Bicentenario de la Independencia Mexicana.
No cabe duda que el desvanecimiento de estas efemérides se origina en un contexto social y en una conciencia pública crecientemente compleja. Basta un rápido vistazo.
En el contexto social, nuestra atención está ocupada con los cada vez más crispados sentimientos de los mexicanos por los acontecimientos terriblemente violentos y desgarradores de los crímenes colectivos del narcotráfico; el rebasamiento de las autoridades en muchas zonas del país con el consecuente sentimiento de inseguridad y, desde luego, la resaca de la crisis económica que impide a decenas de millones de mexicanos acceder a remuneraciones suficientes en el mejor de los casos.
En términos de conciencia pública, la desmitificación de la historia oficial de la Revolución y el debilitado aprecio de nuestros orígenes históricos, aparejada a la escasa preparación cívica recientemente retomada en los programas oficiales de estudio, están impactando en la memoria y formación especialmente de nuestros jóvenes.
Lo importante del tema no es discutir si debemos festejar o no una fecha, y si lo hacemos con qué intensidad. De lo que se trata es que como sociedad, sin demérito de su obvia importancia, superemos momentáneamente la visión cortoplacista de nuestros problemas más inmediatos, y ubiquemos en qué punto de nuestra evolución social nos encontramos.
La Revolución Mexicana es un punto de referencia en el análisis de nuestra realidad. Después de la violencia y anarquía que la caracterizó, consolidó un Estado y una visión de país basado en un orden jurídico y una autoridad con la presencia y fuerza necesarias para asegurar su viabilidad. Esta visión fue denominada por muchos como el nacionalismo revolucionario, caracterizado por un discurso de reivindicaciones y de mayorías.
Crecimiento, desarrollo y superación de contradicciones internas caracterizaron el "milagro mexicano" así denominado. Viejas instituciones se ajustaron y otras se crearon. Los beneficios del bienestar se extendieron a mayores grupos sociales. Sin embargo, por múltiples razones su inercia se fue perdiendo, particularmente por su creciente incapacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias y requerimientos, a la perdida de legitimidad por el autoritarismo contrario a las demandas democratizadoras de la sociedad, y por el acaparamiento de los centros del poder por un grupo reducido de personas.
Los resultados electorales del 2000 fueron expresión de la inconformidad de la población; sin embargo, a pesar de haber sido un avance significativo en términos de democracia electoral, la transición en función de mejores condiciones de vida no ha resultado.
Por el contrario, hay señalamientos, como el de Transparencia Internacional, conforme al cual obtuvimos la peor calificación de los últimos diez años en el índice de percepción de la corrupción pasando del lugar 89 al 98, lo cual frena la competitividad y erosiona el tejido social. Conforme a la encuesta Polilat de la Fundación Konrad Adenauer, México descendió en el ranking del Desarrollo Democrático al menos dos lugares, dadas las actividades del crimen organizado, que menoscaba la calidad de vida de las personas, la representatividad de las autoridades y la libertad de expresión. De acuerdo a la encuesta del Instituto Legatum del Reino Unido, salvo en economía estable y libertades ciudadanas, descendimos en los rubros de emprendedores y oportunidades, gobiernos democráticos, educación, salud y seguridad.
Las oportunidades de futuro parece que pueden acabarse si no realizamos el esfuerzo de entresacar de la historia y de nuestra experiencia lo mejor para optimizarlo, y desechar lo que sólo es lastre y dogmas. Ciertamente requerimos un esfuerzo colectivo, pero éste no podrá conducirse, al menos institucionalmente, si no hay expresiones auténticas de la actual clase política de renovarnos a partir de acciones concretas que respondan a los mejores intereses de los mexicanos.
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